Los médicos de la clínica Isadora se niegan a declarar

Los tres médicos de la clínica Isadora de Madrid, dedicada a interrupciones del embarazo, se han acogido a su derecho a no declarar ante el juez de instrucción José Sierra hasta que éste "no concrete y aclare los hechos que se les imputa a cada uno".

Así lo ha manifestado a los medios de comunicación a la salida de los juzgados de Plaza de Castilla Rafael Burgos, uno de los abogados de los tres médicos de la clínica Isadora (dos ginecólogos y una psiquiatra) llamados a declarar como imputados por el titular del juzgado de instrucción número 47.

"Lo razonable es que se archive el asunto si el juez no sabe lo que se les imputa", ha añadido Burgos quien ha estimado que la instrucción del caso "ha podido tener deficiencias" y que, en caso de que estas se concreten, los abogados de la clínica formularán las pertinentes denuncias.

Por su parte, fuentes judiciales han explicado que el artículo 775 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que es en la primera declaración ante un juez de instrucción cuando el encausado conoce el asunto sobre el que ha sido requerido para declarar.

En este caso, añaden las mismas fuentes, "el criterio ha sido preguntar a los imputados sobre los extremos de la instrucción abierta" para que ellos tres se pronunciaran.

Al juzgado también han acudido las portavoces de la clínica, Empar Pineda y Marisa Castro, quienes han denunciado que la instrucción es "oscura" y que la investigación judicial abierta por supuestos abortos ilegales es un complot contra los derechos de las mujeres.

Interior abre investigación la actuación Guardia Civil

El Ministerio del Interior ha abierto una investigación interna para determinar si la actuación de la Guardia Civil en el caso de las clínicas abortistas fue correcta, aunque "sin interferir" en la investigación judicial abierta por supuestos abortos ilegales, han informado fuentes del Departamento.

Así, la investigación interna sobre los protocolos de actuación de los agentes del instituto armado y su adecuación a la normativa vigente no finalizará hasta que acabe el proceso judicial por el caso.

Según informa el diario "El País", la Guardia Civil desobedeció la orden de un juez de Madrid de cerrar las pesquisas y siguió adelante con su investigación sobre la clínica Isadora de la capital.

Respecto a esta información Empar Pineda, quien ha denunciado que la instrucción es "oscura", ha afirmado que "no hay nada en la actuación del Seprona que esté ajustada a derecho".

"No se trata de averiguar si se cumple la ley sino de encontrar algo condenatorio", ha destacado Pineda, quien ha afirmado que la investigación abierta "es una causa general y en abstracto propia de la Inquisición".

En esta línea, sostienen que la investigación judicial de la clínica Isadora guarda un paralelismo "muy claro" con los casos de presuntas sedaciones ilegales practicadas en el hospital Severo Ochoa de Leganés detrás de los cuales "está la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid y el anterior consejero de Sanidad, Manuel Lamela".

La investigación abierta por la Guardia Civil también había provocado duras críticas de los sectores partidarios de la interrupción voluntaria del embarazo y una semana de huelga de las clínicas abortistas.

Formaciones políticas como Izquierda Unida acusaron a la Comunidad de Madrid de ser el "cerebro de la campaña de acoso y derribo" a los centros de interrupción del embarazo con una estrategia "igual" que la utilizada en el caso del Hospital de Leganés.

Un portavoz de la Guardia Civil ha declinado hacer comentario alguno sobre la investigación abierta en el Ministerio del Interior toda vez que el caso está todavía en los tribunales.