Los retos del nuevo Gobierno en materia de propiedad intelectual. ¿Habrá nueva ley?

Quince años después de que se aprobara la Ley de Propiedad Intelectual, modificada en 2006 coincidiendo con la regulación del canon digital, el sector especializado en esta materia reclama una revisión urgente de la normativa dada la amenaza que supone la piratería. En vísperas de las próximas elecciones, que darían como vencedor al PP, según las encuestas, los profesionales de este ámbito han vuelto a alzar la voz con intención de solicitar un mayor interés por los derechos de los autores para fortalecer el mercado de la industria cultural.

El Instituto Ibercrea, presidido por Arcadi Espada e integrado por las entidades de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual AGEDI, AIE, CEDRO y SGAE, defiende esta posición. Prueba de ello son las jornadas que esta institución ha celebrado esta semana en Madrid sobre esta materia cultural, en las que se ha presentado un Código de Buenas Prácticas que contribuye a formalizar las acciones de estos organismos y a hacer un ejercicio de transparencia de cara a una opinión pública que no siempre comprende sus funciones.


Espada ha emplazado este viernes al futuro Gobierno a que tenga en cuenta las recomendaciones del sector de cara a una reforma de la normativa que se adecúe a la actualidad y a los intereses de usuarios y autores. Así, ha propuesto que esta ley esté basada en “un consenso político”, ya que la propiedad intelectual es “una cuestión de Estado”. Además, ha invitado a que se respete “el equilibrio de intereses” y a que se establezca “un marco de derecho que haga posible la convivencia”. Velar por una gestión “equilibrada, eficaz y transparente” y establecer “mecanismos de lucha contra la impunidad” figuran entre los requisitos que, según su parecer, han de estar presentes en la nueva ley.

Pero no sólo es necesaria una revisión de lo legal, ya que el fortalecimiento de la gestión colectiva también supone un reto que se ha de afrontar. Lo demuestra el Código de Buenas Prácticas de Ibercrea, con el que busca contribuir a “fortalecer este tipo de gestión mejorando las relaciones entre las entidades y los grupos de interés”. Se trata, afirma, de una iniciativa pionera en España que recoge la experiencia desarrollada en otros países como Australia o Reino Unido.

Las cuatro entidades de gestión inscritas en esta institución, y firmantes de este código, contemplan ponerlo en práctica de inmediato con el compromiso de revisarlo cada dos años para incorporar nuevos preceptos. Las razones de haberlo redactado y asumido responden a su deseo por “actualizar las normas vigentes mediante la autorregulación y evitar la judicialización de la gestión y del cobro de los derechos” con la intención de contribuir a facilitar a la industria cultural "la consolidación y la ampliación de sus mercados", además de "la creación de empleo y la mejora de la oferta de bienes culturales”.

Conscientes de la mala prensa de las entidades de gestión tras polémicas como las protagonizadas por la SGAE, investigada por un presunto fraude, Ibercrea se compromete en su código a que estos organismos sean “instrumentales”, a que su funcionamiento sea “transparente” mediante una “organización democrática de los socios” y a poner en marcha una “equidad, racionabilidad y proporcionalidad en la determinación de los derechos”.

El reto del PP o del PSOE
Pese al reclamo del sector por llevar a cabo cuanto antes la revisión de la normativa que protege los derechos de autor de las amenazas de la Red, Espada ha mostrado su sorpresa ante la “ausencia de referencias claras en los programas de los partidos políticos” sobre este tema, al que, ha afirmado, “tampoco han dedicado espacio en sus comparecencias públicas”. En recientes declaraciones, el PSOE ha insistido en la falta de unidad y colaboración de los sectores implicados en la propiedad intelectual para referirse a la razón por la que la nueva ley no haya prosperado, mientras que el PP ha considerado que lo que toca es "fortalecer modelos de negocio legales" que se traduzcan en un óptimo método de gestión, sin necesidad de “criminalizar” al usuario de Internet, en referencia a la llamada Ley Sinde, que contempla el cierre de páginas web que incurran en la vulneración de los derechos de propiedad intelectual.

IBAU, asociación que agrupa a las entidades de gestión AISGE, DAMA y EGEDA, ha emitido esta semana un comunicado en el que expresa una opinión que difiere de la de los partidos políticos con mayor representación parlamentaria. En este escrito, sostiene que estos derechos “no pueden ser objeto de utilización política” porque, afirma, “la cultura debe ser una cuestión de Estado”. Otros países como Estados Unidos, Alemania o Francia “apoyan a su industria cultural consiguiendo con ello que sea una industria fuerte y competitiva, así como uno de los pilares de su economía”, algo que, a su juicio, "no hace España".

“La propiedad intelectual es una propiedad privada igual que la de cualquier otro bien tangible”, defiende esta asociación, para la que el canon, uno de los puntos de la discordia, “no es un invento reciente, no pertenece a ningún gobierno y tampoco está en manos de ningún partido político su eliminación o mantenimiento”.


Un mercado en alza
Un informe publicado esta semana por la patronal tecnológica Ametic afirma que la industria española de contenidos digitales creció en 2010 tras la caída del 5,3 por ciento del año anterior al registrar unas ventas de 21.824 millones de euros, lo que supuso una subida del 1 por ciento. En el caso del sector musical, la venta de discos compactos retrocedió un 20,7 por ciento, mientras que en formato digital aumentó un 19,8 por ciento. También descendió el interés de los consumidores por el mercado convencional de videojuegos, pero no así las descargas digitales de este tipo de entretenimiento, que aumentaron un 10,3 por ciento.

En el caso de los libros, la Agencia del ISBN, a través de la Federación de Gremios de Editores de España, ha publicado los datos de ventas de este sector en lo que va de año, entre los que destaca el número de libros publicados en formato digital, que ha logrado un incremento de un 40 por ciento hasta septiembre al alcanzar los 13.118 títulos; el 15 por ciento del total de los libros registrados durante 2011. En cuanto a la facturación, este informe muestra que los títulos vendidos en formato digital alcanzaron en 2010 los 70,5 millones de euros, un 37,5 por ciento más que en 2009.

En la encuesta El libro digital en España, elaborada por la Federación de Gremios de Editores de España en marzo de este año, las editoriales preguntadas declararon que, al cierre de 2010, el porcentaje de la facturación que representaba lo digital era, como media, del 3 por ciento; un dato que esperan que se duplique y cuadruplique en 2011 y 2012, años en los que se prevé que alcance el 7 por ciento y el 12 por ciento, respectivamente. Conocedoras, pues, del interés de los usuarios por las nuevas tecnologías aplicadas a la lectura, las editoriales disponen ya de un programa adaptado al formato digital e incluyen sus títulos en un catálogo on line. Lo confirma el lanzamiento esta semana del sello B de Books, de Ediciones B: la primera editorial generalista exclusivamente digital que ofrece contenidos sin protección anticopia y precios a partir de 1,99 euros.

No es la única plataforma en sumarse a la corriente imperante de lo digital. Casadellibro.com ha presentado estos días Tagus, un dispositivo para leer que integra una nueva solución de lectura propia y que permite, entre otras cosas, comprar los libros en un solo paso, leerlos desde prácticamente cualquier dispositivo e interactuar con otros usuarios.

Así pues, dada la progresiva adaptación del sector cultural al nuevo mercado y su consolidación en la economía española, la modificación de la normativa que regula los derechos de los autores en Internet será, a buen seguro, uno de los retos que ha de afrontar el nuevo Gobierno que comenzará a echar a andar después del 20 de noviembre.