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los jueces valoran el equipo elegido

"Con que Gallardón haga un 10% de la M30 en Justicia vamos sobrados"

domingo 22 de enero de 2012, 14:10h
El pasado lunes tomaban posesión los últimos altos cargos del Ministerio de Justicia. Conformado el equipo, toca poner encima de la mesa los retos de la legislatura de la “gestión”, como ha dicho el ministro Gallardón. Unos retos que pasan por impulsar la Oficina Judicial, unificar los distintos sistemas informáticos de la Administración de Justicia y reforma la Ley de Ejuiciamiento Criminal (LeCrim). El Imparcial ha contactado con las asociaciones de jueces y han hablado sobre el nuevo equipo y las reformas a las que se enfrentan. Por Miriam Carmona
En general las asociaciones profesionales de magistrados están contentas con los nombramientos en el seno del Ministerio de Justicia. El escenario es de esperanza ante el reto más ambicioso que le toca abordar al equipo encabezado por Alberto Ruiz-Gallardón: la reforma y modernización de la Justicia española.

Desde su toma de posesión como ministro de Justicia, Gallardón ha ido adelantando algunos de los retos que pretenden llevar a cabo en esta legislatura de la “gestión”, como la ha calificado él mismo. Entre los objetivos prioritarios, el titular de Justicia destacaba el pasado lunes “la necesidad de que la nueva Oficina Judicial funcione, la homologación de los distintos sistemas informáticos de la Administración de Justicia, la vinculación de la cooperación jurídica internacional a las mismas prioridades de toda la acción exterior española o el mantenimiento de relaciones fluidas con las distintas confesiones”.

José Luis González, portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), ha hecho una “valoración positiva” del nuevo equipo de Gobierno nombrado por Gallardón, de quien dice que es “un político de trayectoria dilatada, activo con impulso”. De hecho, González ha bromeado con la anterior etapa del ministro como alcalde y ha asegurado que “con que hiciera un 10 por ciento de lo que supuso la M-30 en Justicia, iríamos sobrados”. Así el portavoz de la AJFV ha comentado que “el equipo de Justicia tendrá nuestro apoyo y nuestras ideas a su disposición”.

De momento, en las filas de la Asociación de Jueces para la Democracia (JpD) no tienen una opinión formada en torno al nuevo equipo de Gallardón, ni tampoco han querido valorar al ministro y no lo harán según ha explicado su portavoz, José Luis Ramírez, “hasta que no conozcamos su programa”. Además, Ramírez considera que “el hecho de que Gallardón sea fiscal, no quiere decir que su trabajo vaya a ser bueno, ya que lleva muchos años dedicado a la vida política y muy apartado de la judicial”.

De hecho, “en relación con algunas de las primeras propuestas como la de convertir en hábil agosto –dice Ramírez- revelan poco conocimiento de la problemática judicial”.

“Hacer hábil el mes de agosto no da solución a ningún problema, porque se siguen celebrando ya juicios en el orden social, civil en casos urgentes y la instrucción en el orden penal”, según ha explicado el portavoz de la JpD que ha añadido además que “todas las personas implicadas en los juicios, como son los testigos, los abogados, los policías, tienen derecho al descanso. La experiencia demuestra que todos los intervinientes en el proceso suelen coger vacaciones en agosto”.



Por último y también sobre el mismo asunto, Ramírez ha añadido como otro problema que “los juzgados que señalen en agosto, cerraran otro mes del año”. “Al final saldrían perjudicados los pequeños despachos”, ha sentenciado el portavoz de JpD.

Reformas y cambios es lo que le piden desde JpD a Gallardón. Principalmente, “una reforma de la demarcación y planta judicial que se ha quedado obsoleta, la implantación de los tribunales a distancia, el impulso definitivo a la Oficina Judicial y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim)”.

“Satisfechos” se encuentran en el seno de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). El portavoz Pablo Llarena ha mostrado su plena confianza en Gallardón, que “es fiscal de carrera, conoce el entramado administrativo y su preparación le permite ponerse a la cabeza de nuestro problema”.

Además, Llarena ha constatado que el ministro se caracteriza por “asumir responsabilidades de gestión con notable éxito, lo que le coloca en una muy buena posición para abordar la reforma de la Justicia”.

El Secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, “es también fiscal y está especializado en lo contencioso administrativo, asimismo conoce el poder judicial al haber estado en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)”. Además, el equipo se refuerza con el Secretario general de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, Joaquín Silguero, que “se ha ocupado anteriormente de labores informáticas del CGPJ, con lo que puede aportar innovaciones desde el punto de vista electrónico”. “Es la persona ideal para la unificación electrónica”.

En definitiva, Llarena ha dicho que en la APM “vemos el equipo con ilusión, porque ha sido elegido con inteligencia para abordar con éxito la modernización”.
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