El cierre de Spanair

El cese de actividad de la compañía Spanair ha dejado en tierra a 22.000 pasajeros, y puede costarle el puesto de trabajo a más de 4.000 personas. Cifras todas sumamente negativas, a lo que hay que sumar los 130 millones de euros insuflados por el Generalidad de Cataluña, primero con el Tripartito y ahora con CIU. Se da la novedosa circunstancia, pues, de que por primera vez la quiebra de una compañía aérea afecta a una administración autonómica, la catalana.

Muchos son los errores cometidos por Spanair en lo que se refiere a su gestión empresarial. Fruto de la fatalidad, y puede que también de alguno de esos errores, se produjo el accidente que en 2008 acabó con la vida de 154 personas, y cercenó definitivamente las esperanzas de reflotar la aerolínea. Ahora toca a sus actuales responsables afrontar las consecuencias de una actuación manifiestamente ilegal -vendieron billetes hasta última hora, aún a sabiendas de que muchos viajeros se quedarían tirados-. Pero no deberían ser los únicos en responder.

Y es que la factura -130 millones de euros de dinero público- de la aventura fallida del nacionalismo catalán de tener su propia compañía de bandera le va a salir muy cara al contribuyente. Hay responsabilidades empresariales, desde luego, pero debería haberlas también en el ámbito político.