Una educación estatal no es una educación liberal

El Gobierno ha suprimido la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Y ha hecho bien. Al menos, por dos razones. La primera es que entrañaba una intromisión del Gobierno en la formación religiosa y moral de los niños, que podría vulnerar el artículo 27.3 de la Constitución. La segunda es que estaba previsto en su programa electoral.

La educación es siempre pública. Como también pública es la institución de la familia, a pesar de que muchos, confundiendo las cosas, la consideren algo privado. Los centros docentes pueden ser de titularidad pública o privada. Y ambos pueden ser compatibles con la libertad. Pero educar es una función pública, no un asunto meramente privado.

El titular del derecho a la educación es la persona (niño, joven o adulto). Los padres lo son durante la minoría de edad de sus hijos y en su nombre. No existe una educación neutral, pues toda educación se basa (o debería basarse) en unos valores y en una idea acerca de la finalidad de la vida humana. La escuela pública, única y laica es tan poco neutral como cualquier otra.

Las exigencias de la libertad en la educación parecen claras, aunque pocos las reconozcan y defiendan. Ni la mayoría política ni el Gobierno que sustenta tienen derecho a decidir lo que está bien o mal en el orden moral, ni a imponer una determinada concepción religiosa o moral en la educación. Esto lo hacen el estatalismo y el totalitarismo, pero no el liberalismo. El Estado español es aconfesional, pero los ciudadanos no necesariamente y la mayoría no lo son. Por lo tanto, la educación tampoco puede serlo, ni siquiera, por supuesto, la de titularidad pública. Entonces la pretensión de que la escuela pública sea aconfesional (porque el Estado lo sea) es una falacia, que ignora que existe la libertad religiosa y de educación. Pero no se trata sólo de una cuestión religiosa. Se trata de una exigencia liberal. Es falso que la tradición liberal europea abogue por una educación dirigida por el Estado. Ningún liberal confiere al Estado la facultad de modelar las conciencias. Eso es lo propio de los sistemas totalitarios.

Hay quienes pretendiendo liberar a los hombres del yugo de la religión, los someten a otro más duro y arbitrario, a una especie de “religión política” dispensada por los nuevos sacerdotes laicos. Así lo afirma Tzvetan Todorov en El espíritu de la Ilustración: “Los mismos que quisieron liberar a los hombres del yugo de la religión se arriesgan a convertirse en servidores de un culto no menos opresivo. A partir del momento en que es el poder el que dice al pueblo lo que hay que creer, nos encontramos con una especie de “religión política”, apenas preferible a la anterior. Condorcet añade: “Robespierre es un cura, y nunca dejará de serlo”. Ésta parece ser la primera vez que aparece la expresión “religión política”, muy diferente de la de “religión civil” de Rousseau, que no suponía más que el reconocimiento de los principios de la vida en común”.

No se trata, pues, de sustituir la educación católica obligatoria por la educación agnóstica obligatoria, sino de respetar, como establece nuestra Constitución, “el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones” (el “sus” se refiere a los padres, no a los poderes públicos, como algunos querrían). Y, añado, en igualdad de condiciones; por lo tanto, no hay que penalizar económicamente a ninguna opción. Pues si alguien afirma que quien quiera formación religiosa, que se la pague, cabría responderle que el que quiera formación agnóstica que se la pague también.

La tradición liberal (que es cosa distinta de la tradición de la izquierda totalitaria) es clara. Como afirmó John Stuart Mill, la función de los Gobiernos no consiste en decidir el contenido de la educación, sino sólo en garantizar el ejercicio del derecho a ella. Incluso la “memoria histórica”, extravagante concepto, queda descalificada. Todorov afirma: “No corresponde al pueblo pronunciarse sobre lo que es verdad o mentira, ni al parlamento deliberar sobre el significado de los hechos históricos del pasado, ni al gobierno decidir lo que debe enseñarse en la escuela. La voluntad colectiva o soberana del pueblo topa aquí con un límite, el de la verdad, sobre el cual no tiene influencia. Esta independencia de la verdad protege al mismo tiempo la autonomía del individuo, que puede apelar a la verdad ante el poder. La verdad está por encima de las leyes. Por su parte, las leyes del país no son fruto de una verdad establecida, sino expresión de la voluntad pública, siempre sujeta a variación. La búsqueda de la verdad no depende de la deliberación pública, ni ésta de aquélla”.

La solución liberal, es decir, antitotalitaria, parece clara: el Estado no interviene en la determinación del contenido (mucho menos del moral) de la educación y los padres eligen ese contenido, sin más límite que los principios y valores más básicos de la sociedad y el orden público. La frontera entre la libertad y la tiranía es clara. Una educación estatal (en el sentido de decidida y determinada en su contenido por el Gobierno) no es una educación liberal.