CATALUÑA

La manifestación independentista que ha tenido lugar la tarde de este viernes en Barcelona con motivo del 11 de septiembre ha estado más pendiente del fútbol y también del referéndum que convocará Arenys de Munt (Barcelona) que de la futura sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Un juzgado de Barcelona ha acordado suspender la autorización municipal del referéndum popular sobre la autodeterminación de Cataluña convocado para el próximo 13 de septiembre en Arenys de Munt (Barcelona), al considerar que ese tipo de consultas son competencia exclusiva del Estado.

El Estatuto de Cataluña lleva tres años a la espera de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre los siete recursos presentados, algunos por el PP. Ahora, el debate está en un hipotético fallo que declare inconstitucionales diversos artículos, pero ¿qué pasará si el alto tribunal lo tumba? Las siguientes pregunta es qué pasará con el tripartito y si habrá "rebote" para los otros estatutos reformados.

El presidente de la Generalitat, José Montilla, ha llamado a los catalanes a resistir ante la crisis, con sacrificio y solidaridad, admitiendo incluso que "hay riesgo de que el clima social se resienta", y ha subrayado: "nada impedirá que convirtamos en hechos nuestra voluntad de autogobierno".

El presidente de CiU, Artur Mas, contempla que Cataluña recurra a tribunales internacionales si el Tribunal Constitucional (TC) recorta el Estatut, todo ello además de la reacción "serena pero firme" del pueblo de Cataluña.

Diversas plataformas soberanistas se han desmarcado de los llamamientos de Òmnium Cultural a organizar una manifestación contra los recortes del Estatuto y han convocado su propia marcha independentista, el 11 de septiembre, a la que se han adherido personalidades como el presidente del Barça, Joan Laporta.

El Gobierno catalán ha asegurado este martes que acatará la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el Estatuto, pero ha advertido de que un fallo que afecte a aspectos "importantes" obligaría a "rehacer el pacto político entre Cataluña y el Estado" que supone esta ley orgánica.