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Según la investigación, las cuentas del ya encarcelado exnúmero dos de Sánchez reflejan importes muy inferiores a los percibidos a lo largo su carrera política.

Concluye que el exministro estaba "plenamente autorizado" y "legitimado" para recibir este tipo de información fiscal.

El juez avala investigar más allá de los contratos por mascarillas al detectar ingresos sospechosos "mucho antes de la pandemia".