escuchas ilegales

Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, rechaza la acusación del PP de que hay escuchas ilegales a dirigentes del partido. Es una "infamia" y que "este tipo de acusaciones se hacen con pruebas y en el juzgado. No vale hacerlas sin pruebas y en la playa". El propio Rubalcaba ha hecho otra acusación al PP: querer "amedrentar" a jueces y policías.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado que su partido se plantea recurrir al Parlamento Europeo para denunciar las supuestas escuchas ilegales a dirigentes populares y la actitud del Gobierno para "eliminar" políticamente al principal partido de la oposición. Ana Botella afirma que, si esas escuchas se han llevado a cabo sin orden judicial, "evidentemente hay que denunciarlo".

La denuncia por María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP, de que se efectúan escuchas ilegales de dirigentes de su partido ha provocado las iras del PSOE. María Teresa Fernández de la Vega dice que el hecho de que el PP denuncie supera “lo tolerable democráticamente”, Elena Valenciano dice que Cospedal debe ir a los tribunales o dimitir y José Blanco le invita a “abandonar la política”. Pero el Partido Popular ya presentó una denuncia el pasado julio por escuchas ilegales.

El responsable de Justicia del PP podría haber sido objeto de escuchas ilegales, según la formación. Los populares han llegado a esta conclusión después de que se relacionara a Federico Trillo con el juez Juan Montero, uno de los instructores del caso Gürtel, cuando, en realidad, con quien había mantenido contacto era con el representante del partido ante los tribunales, Juan Ramón Montero.

El Partido Popular, por boca de su secretaria General, María Dolores de Cospedal, ha acusado a autoridades judiciales y policiales de realizar escuchas ilegales a dirigentes del PP. El PSOE reaccionó violentamente a esa acusación y ha exigido la dimisión de Cospedal si no aporta pruebas. Ahora es Federico Trillo, que cree haber sido víctima de esas escuchas, quien dice tener las pruebas en su mano.

El Partido Popular cree que la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y el responsable de Justicia, Federico Trillo y el presidente valenciano, Francisco Camps, pueden ser algunos de los mandatarios del partido con los teléfonos "pinchados". Mientras, los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP han negado la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque estas intervenciones deben contar con la autorización de un juez.