ETA

De Juana Chaos y Josu Ternera, dos históricos de la banda terrorista Eta, se han convertido en los objetivos más firmes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado. Tras ellos se sitúan cinco jóvenes miembros de los aparatos políticos y de captación de la banda.

Para que quienes han huido de País Vasco y Navarra por amenazas de Eta puedan votar en sus comunidades autónomas.

El secretario de Alcaldía del Ayuntamiento de San Sebastián ha dimitido al conocerse que increpó y amenazó a unos aficionados que celebraban la victoria de España en la Eurocopa de fútbol diciéndoles que iba a "sacar la pistola" y les iba "a pegar dos tiros".

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar para el próximo jueves, a las 10.00 horas, al ex secretario personal del alcalde de San Sebastián, Josetxo Ibaceta, de Bildu, en calidad de imputado por un delito de amenazas y otro de enaltecimiento del terrorismo.

Javier Gómez Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional, ha puesto en libertad bajo fianza este miércoles a ocho presuntos miembros de la ilegalizada Ekin, perteneciente al aparato político de la banda terrorista Eta. La decisión del magistrado se produce días después de que ordenara la misma medida para dos miembros de los Grapo vinculados con el secuestro del empresario zaragozano Publio Cordón.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 76 años y nueve meses de cárcel impuesta al etarra Luis Enrique Gárate Galarza por el secuestro en 1986 del industrial Lucio Aguinagalde y la muerte de un ertzaina que intentaba liberarle de la cueva en la que se hallaba retenido situada en la localidad de Ceánruri de Vizcaya.

Una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía escocesa ha detenido este viernes en Edimburgo, Escocia, al presunto etarra Beñat Atorrasagasti Ordóñez.

Inés del Río, la etarra a la que según la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos el Estado español debe más de 30.000 euros por los daños morales causados por una "aplicación irregular" de la 'doctrina Parot', debe a su vez al Estado más de 6 millones de euros en concepto de indemnización por responsabilidad civil por las sucesivas condenas de los tribunales.