El reglamento de la nueva Ley de Extranjería, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros, amplía la protección de las mujeres inmigrantes irregulares maltratadas que denuncien, estimula el retorno voluntario a los países de origen y es más exigente contra el fraude en la contratación. Sin embargo, la Comunidad Valenciana ya ha pedido 15 millones de euros para poder cumplir con la nueva legislación, el triple de lo que destina actualmente la Generalitat a cuestiones relacionadas con la inmigración.
El ministro francés de Inmigración, Eric Besson, ha defendido hoy ante la Comisión Europea (CE) la legalidad de las medidas de deportación sistemática de miles de gitanos búlgaros y rumanos a sus países de origen.
Este domingo entra en vigor la nueva Ley de Extranjería, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado que el Parlamento respaldó el pasado 26 de noviembre y entre cuyas novedades se encuentra la ampliación a 60 días del plazo máximo que un inmigrante puede permanecer retenido en un centro antes de ser expulsado y la restricción del derecho de reagrupación familiar para los mayores de 65 años.
A pesar de que Pérez Rubalcaba ha asegurado que el nuevo reglamento de la Ley de Extranjería ha sido "ampliamente" consensuado con sindicatos y empresarios y ONG, ochenta organizaciones sociales han rechazado su contenido en un comunicado.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tachó de "oportunista, ocurrente y contradictoria" la propuesta del presidente del PP, Mariano Rajoy, sobre la posibilidad de que los inmigrantes, aunque no estén empadronados, se puedan beneficiar de servicios básicos, como sanidad y educación.
Amnistía Internacional (AI), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Cáritas y la Red Acoge han mostrado su oposición a la nueva Ley de Extranjería aprobada en el Congreso, ya que creen que afectará de forma garve a los inmigrantes que viven en España y ya que no garantiza el respeto a los derechos humanos y al acceso a los servicios básicos.