Funcionarios

El Gobierno griego ha aprobado este domingo el despido de 30.000 funcionarios para así cumplir lo pactado en julio con el FMI, el BCE y la CE a cambio del segundo rescate financiero.

Francia se dispone a suprimir 30.400 puestos de funcionarios, de los que 14.000 son empleados públicos en el sector de la educación, con le fin de reducir su déficit público del 4,5% del PIB en 2012, frente al 5,7% previsto.

El presidente de CEOE, Juan Rosell, se ha mostrado en contra de la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio por ser un tributo "arcaico" que "quita más de lo que da". Además, ha asegurado que para gravar más a las grandes fortunas es mejor jugar con el IRPF y analizar las diferencias con otros países.

El conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, ha pedido a los empleados públicos que "contribuyan" a afrontar la crisis y acepten "trabajar lo mismo por un poco menos" o trabajar un poco más por menos, en línea con lo que está pasando a la media de los trabajadores.

El Tribunal Constitucional ha rechazado la cuestión de inconstitucionalidad que planteó la Audiencia Nacional al considerar que el recorte salarial decretado en mayo de 2010 por el Gobierno para los empleados públicos no vulnera derechos fundamentales como el de la negociación colectiva.

Atenas deberá explicar este sábado a representantes del FMI de la UE cuáles son sus planes para pasar a 30.000 funcionarios a la reserva. Asimismo, hablarán sobre la recepción de la porción del primer paquete de rescate.

El PP ha anunciado que pretende "depurar" las plantillas públicas que ha su juicio están infladas tras el mandato del PSOE. Así lo ha asegurado el coordinador de Economía del PP, Cristobal Montoro, que ha asegurado que los socialistas han convertido muchas empresas públicas en "agencias de colocación".

Es la primera huelga general de funcionarios que sufre el Gobierno de Cameron y, a juzgar por las cifras, ha sifo contundente. En Londres unas 20.000 personas llegaron hasta el Parlamento y 11.000 colegios públicos cerraron de forma parcial o total. Según la BBC, hay 24 detenidos.

No ha sido el recorte salarial el que ha sacado a la calle a los funcionarios andaluces, las protestas masivas en esta región derivan directamente de la Ley de reordenación del sector público, más conocida como “ley del enchufismo”. Una norma con la que la Junta de Andalucía pretende convertir en funcionarios a cerca de 40.000 personas a dedo, provenientes de fundaciones, agencias y empresas públicas, todas con vinculación directa con el PSOE. La lucha contra el “funcionariazo” lleva abierta ya casi un año.