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Se inadmite la querella formulada por la Asociación Profesional “Unión de Oficiales de la Guardia Civil” contra el Ministro del Interior y el Secretario de Estado de Interior, en la que se imputan delitos de prevaricación, falsedad en documento público y un delito de desobediencia. El delito de prevaricación es atribuido por haberse nombrado a cuatro miembros de las Fuerzas Armadas, respecto a unas determinadas plazas ofertadas, pese a estar previsto en la Convocatoria que sólo podían concursar los funcionarios en activo del Cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil; el TS no aprecia la concurrencia de los elementos típicos configuradores del delito, pues la decisión tomada se basó en la concurrencia de otra convocatoria del año anterior que se hallaba sin resolver, y si bien reconoce que su existencia genera cierta confusión, no puede ser esclarecida debido a la falta de determinados datos y documentos que no se han acompañado al escrito de la querella. De otra parte, la resolución del Ministro en la que inadmitió la petición de nulidad de los nombramientos, negando al ahora recurrente legitimación para recurrir, y en la que se afirmó la existencia de los aludidos procesos selectivos diferentes, no permite afirmar, por un lado, ninguno de los elementos que configuran el delito de falsedad imputado, ni si quiera indiciariamente, pues sólo afirma el querellante, que tal afirmación se hace siendo notorio que lo dicho no es verdad; y por otro lado, tampoco hace posible apreciar la eventual existencia del delito de desobediencia, dado que no consta en las actuaciones actitud obstaculizadora de los querellados, ni siquiera que fueran requeridos a cumplimentar la sentencia dictada por la AN en la que se reconoce al querellante la legitimación negada por el Ministro.