Gürtel

El PP de Valencia ha solicitado al juzgado que investigue si es objeto de grabaciones y escuchas ilegales por parte de la Policía Nacional, después de que el pasado jueves viera una furgoneta "sospechosa" frente a la sede del PPCV cuando se estaba celebrando la presentación de la página web de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha exigido este jueves explicaciones porque "alguien ocultó pruebas exculpatorias" del caso Gürtel que, según ha destacado, "demuestran" su "absoluta inocencia".

Camps considera que el aparato del Estado al completo va a por él y a por su Gobierno. Intenta a su parecer "generar una sombre de duda" sobre su equipo que ha sido elegido democráticamente. Pero no está dispuesto a tirar la toalla y el presidente de la Generalitat Valencia afirma que peleará.

En el auto, el juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira esgrime que la decisión de inhibirse parcialmente al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) está encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales y de financiación ilegal del Partido Popular de Valencia.

El presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, aseguró hoy que el programa electoral con el que esta formación política se presentará a los próximos comicios autonómicos llevará el "marchamo de coordinación" con "un gobierno a nivel nacional que presidirá, seguro, Mariano Rajoy".

El juez Baltasar Garzón ha conseguido lo que quería. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), la Fiscalía General del Estado, la sala segunda del Tribunal Supremo -encargada de juzgar a Garzón- y el Ministerio de Asuntos Exteriores han dado el visto bueno en sus informes al traslado del juez a la CPI, donde ejercerá como consultor externo de la Fiscalía durante siete meses. El magistrado fue suspendido cautelarmente el pasado viernes para ser juzgado por un presunto delito de prevaricación. Además, tiene otras dos causas penales pendientes.

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha interpuesto esta mañana una denuncia contra Tomás Gómez por haber solicitado la imputación de 45 altos cargos de su Ejecutivo en el "caso Gürtel", un hecho considerado como una denuncia falsa que ha puesto en duda la honorabilidad de los miembros del equipo de gobierno de la Comunidad de Madrid.

El Magistrado instructor del TSJ de Madrid, en la causa abierta para la investigación de los hechos delictivos vinculados a la actividad de la entidad mercantil que contrató tanto con la Administración Pública valenciana como con el Partido Popular de esa Comunidad, acuerda la inhibición interesada por el Ministerio Fiscal para que los hechos investigados en la causa se unan a las Diligencias previas abiertas ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, en la que se investiga el regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos de la Administración Autonómica, vinculadas a su vez, con las contrataciones irregulares de las que la mencionada mercantil formó parte; ello a fin de comprobar la posible relación de éstas con los regalos. Los hechos detallados por el Ministerio Fiscal podrían ser constitutivos, entre otros, de dos delitos electorales, uno contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental. Se señala que la inhibición es procedente dado que en esta última causa, aunque se dictó auto de sobreseimiento libre de los cuatro altos cargos acusados de la comisión de un delito de prevaricación, el mismo fue anulado por la sentencia del TS de 17 de mayo de 2010 al considerar que los hechos indiciarios constatados evidenciaban “la potencialidad de que la entrega de prendas de vestir pueda considerarse dádiva a efectos del delito de cohecho impropio”.

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado que el "caso Gürtel" es "un montaje" y "terminará en nada", y la oposición cree que el envío de parte de la investigación del instructor del caso al Tribunal Superior de Justicia valenciano advierte a Camps de su posible inhabilitación.

El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha acordado remitir al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano. Pedreira adopta esta decisión ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y con objeto de evitar la prescripción de los delitos electorales que resultan de los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban presuntas irregularidades en la financiación del PP de Valencia.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, se ha mostrado convencido de que si es "atacado" en el caso Gürtel es porque "no hay manera" de ganarle "si no es fuera de las urnas".

El Tribunal Supremo ha dicho este martes que con aceptar los trajes Camps habría cometido cohecho y por eso ordena continuar con la investigación. Ante esto, Camps ha manifestado que está más feliz que ayer, más feliz, y esto termina antes" de lo que se "imaginaba". Además, ha dicho que este "lío" es un "montaje" donde Zapatero y De la Vega "tienen mucho que ver".