HUELGA

Mariano Fernández Bermejo, quien este lunes ha presentado su dimisión como ministro de Justicia tras dos años de polémico mandato, ocupaba el puesto de fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo hasta su llegada al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2007.

Las consecuencias de la huelga iniciada el pasado 16 de febrero por los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid está empezando a notarse de forma negativa. Cientos de imputados en riesgo de fuga se han librado de acudir a firmar a los juzgados, además, la cifra de procedimientos judiciales bloqueados se eleva a 10.000.

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha pedido al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, una relación nominal de los jueces que manifestaron que se declaraban en huelga el pasado miércoles para descontarles de sus nóminas el sueldo de un día.

Más del 60 por ciento de los jueces españoles ha secundado una huelga histórica, según datos de los convocantes. Lejos de darse por aludido, el Gobierno no ha presentado ninguna medida que responda a la demanda de los magistrados y, por contra, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una ley que prohíba que un poder del Estado pueda ir a la huelga.

La asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente esperan que entre 1.500 y 2.000 jueces secunden la huelga que han convocado para este miércoles. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ironiza con el asunto y dice que le parece una gran “paradoja” que los pilotos de Iberia, los controladores aéreos y los jueces se pongan en huelga en el siglo XXI”. Asimismo, Bermejo ha pedido a las “personas con cordura" de la carrera judicial ejercer este miércoles la "responsabilidad".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha presentado la dimisión tras los últimos escándalos. Bajo su mandato se ha producido la primera huelga de jueces de la historia. Y ha sido muy criticada, dentro y fuera del PSOE, su cacería con el juez Garzón en coincidencia con la instrucción por el juez de la Audiencia Nacional de varios casos presuntos de corrupción relacionados con el PP. Bermejo dice que "no puede tolerar" la "utilización" de la cacería con Garzón. Le sustituirá Francisco Caamaño Domínguez, que procede del Ministerio de la Presidencia.

Al no tratarse de cargos públicos no están obligados a dar explicaciones en el Parlamento. Sin embargo, desde un primer momento las asociaciones se han mostrado dispuestas a explicar en el Congreso la lista de reivindicaciones que han planteado al Gobierno y que incluyen desde la urgente instauración de la Oficina Judicial hasta la informatización de los Juzgados, pasando por un aumento de las inversiones y del número de jueces y el mantenimiento de la facultad de señalar la fecha de los juicios y vistas.

Las cuatro entidades que representan a los productores rurales de Argentina aceptaron hoy una propuesta del Gobierno para dialogar, pero al mismo tiempo anunciaron una nueva huelga comercial, la primera de este año tras las protestas de 2008.

Cifrando el seguimiento de la huelga en el 35 por ciento, el Ministerio de Justicia ha aludido a que un "altísimo porcentaje" de jueces no ha secundado el paro, a pesar de las cifras que han dado los convocantes (65 por ciento). Por todo ello, Justicia ha aludido a que los magistrados han demostrado "su compromiso con los ciudadanos cumpliendo sus obligaciones" y a que "ahora es el momento del diálogo".

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ha anunciado que llevará al Consejo de Ministros una ley para regular "el modo en que los jueces pueden reivindicar sus derechos", desde la perspectiva de que un poder del Estado no puede ir a la huelga.

La huelga no tiene marcha atrás y este miércoles más de un millar de jueces protestará por la pasividad del Gobierno ante sus demandas. El Ministerio de Justicia quiere poner nombre a todos y cada uno de los participantes, así como saber la repercusión que su parón tendrá en el “normal desarrollo de la actividad de los órganos jurisdiccionales”. Para ello, ha obligado a los secretarios de Gobierno vigilar, cada uno en su territorio, a los huelguistas.

La Administración de Justicia, cuyos titulares están llamados a la primera huelga de su historia, es la institución del Estado que menos confianza genera entre los ciudadanos, a la que acuden cada vez más para resolver litigios, aunque también para quejarse de su lentitud.