El empresario comienza a tirar de la manta sobre su actividad delictiva, que salpica a Ábalos, Marlaska, Torres, Ribera y al propio presidente del Gobierno.
Si hubiera querido colaborar con el esclarecimiento de los hechos, dice el juez, no habría borrado los datos el mismo día que se le abrió la causa penal.
La mujer del presidente del Gobierno está investigada por presuntos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.