Dice que "la primera fase" era "disminuir la capacidad represiva de determinados aparatos del Estado" y ahora se debe abordar el referéndum que cambie la "relación política" entre España y Cataluña.
El Gobierno no impugnará ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de consultas, con el referéndum sobre la independencia como fondo de la negociación.