El Gobierno no impugnará ante el Tribunal Constitucional la ley catalana de consultas, con el referéndum sobre la independencia como fondo de la negociación.
Dice que "la primera fase" era "disminuir la capacidad represiva de determinados aparatos del Estado" y ahora se debe abordar el referéndum que cambie la "relación política" entre España y Cataluña.