Terroristas

La Fiscalía General del Estado ha aportado en su demanda contra la inscripción de Sortu presentada este lunes ante el Tribunal Supremo nueve indicios que conectan a Eta y Batasuna con la nueva formación y solicita al alto tribunal que impida que pueda inscribirse en el Registro de Partidos Políticos y que no desarrolle actividad política de ningún tipo.

Los etarras detenidos en Bilbao el martes han confesado su participación en 16 atentados, entre ellos los que le costaron la vida al inspector de la Policía Nacional Eduardo Puelles y al brigada del Ejército de Tierra Luis Conde de la Cruz.

Miles de personas se manifiestan esta tarde en Madrid convocados por la plataforma Voces contra el Terrorismo para manifestar su oposición a cualquier negociación con la banda terrorista ETA.

El atentado perpetrado hoy en el aeropuerto internacional Domodédovo de Moscú, que ha causado al menos 35 muertos y más de 120 heridos, constituye un nuevo episodio terrorista en la capital rusa.

Nuevas pruebas de la Guardia Civil han apuntado a que los etarras detenidos el pasado martes en Bilbao fueron los presuntos asesinos del inspector de Policía Eduardo Puelles en 2009.

El nombre del partido que la izquierda abertzale dará a conocer este martes en Bilbao, cuyos estatutos presentará el miércoles en el Ministerio del Interior en Madrid, será 'Sortu' (Crecer).

El juez Pablo Ruz, que investiga el supuesto "chivatazo" con el que se alertó a Eta sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, ha ordenado nuevas diligencias entre las que pide a la Policía más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que grabó en el bar Faisán de Irún. Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto dictado este lunes en el que transforma las diligencias previas en sumario ya que la pena que podrían conllevar los delitos que se investigan -revelación de secreto (castigado hasta con 3 años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (penado hasta con 10 años de prisión)- superan el límite legal de 9 años establecido para que sea procedimiento abreviado.