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EDITORIAL
El debate sobre el Alakrana y la piratería
La piratería es un problema global, que por tanto requiere de fuertes medidas adoptadas por los gobiernos y de la cooperación entre países. Sin embargo no existe solución fácil y hay diversos aspectos a considerar. Por un lado son necesarias una postura y una política comunes y armónicas entre los miembros de la Unión Europea, cuyos barcos representan un gran porcentaje de los afectados. Actualmente parece que los gobiernos europeos y de otras regiones han adoptado estrategias diversas, algunas meramente reactivas como parece ser el caso de España, y en otros casos más proactivas y planificadas.
Por otra parte, es importante analizar las causas que generan la piratería y otros delitos de organizaciones criminales. La falta de desarrollo, la desigualdad y la ingobernabilidad e inexistencia de un estado de derecho en algunas regiones, como es Somalia, generan amenazas para el resto del mundo.
El caso del atunero Alakrana pone de manifiesto la falta de una política seria, profunda y activa por parte del gobierno. Si bien es cierto que en este caso había varios elementos a considerar, también lo es el hecho de que es necesaria una explicación de la gestión del caso, así como una reflexión que conduzca a elaborar una estrategia eficiente que proteja a los pescadores y que prevenga secuestros.
La moción presentada al Congreso por el Partido Popular, en la que se exigían explicaciones y responsabilidades al gobierno, no ha sido aprobada este jueves. En dicha iniciativa se pedía de igual forma que se adoptaran medidas de seguridad, como lo ha hecho Francia permitiendo protección militar a los buques. Parte del fracaso de la iniciativa puede deberse a unir por un lado el aspecto político al exigir responsabilidades y por otro, cuestiones de carácter más práctico como las medidas de seguridad. Las explicaciones son necesarias, pero de manera independiente es también indispensable abordar aspectos legales y estratégicos que protejan a los pesqueros de la piratería. Es tranquilizador que los secuestrados hayan regresado con sus familiares, pero la actuación del gobierno, a pesar de haber sido eficaz, no ha sido eficiente y puede sentar un mal precedente. De hecho, la solución podría ser interpretada como una tendencia a remunerar la violencia, al tiempo que se impide a la Armada raccionar como una fuerza disuasoria efectiva. El Gobierno debe actuar con claridad de principios y contundencia. Son urgentes una legislación y una política acordes con los problemas a los que se enfrenta actualmente el mundo.




