opinión

La polémica ya está en la calle. Políticos del más vario pelaje se han manifestado en contra de la decisión de Cristóbal Montoro de modificar el Código Penal para sancionar a los gestores públicos que despilfarran. La clase política, en líneas generales, aspira a permanecer impune. Sobre un administrador privado que actúe de forma imprudente puede caer el peso de la ley. Sobre un político solo el favor o el desfavor de los electores y la decisión del Parlamento. Un absurdo. El político debe responder penalmente de administrar mal el dinero público cuando lo dedica al derroche.

La opinión pública, por lo que se puede oír en la radio o escuchar en la calle, está a favor del anuncio de Montoro. Y no solo en las comunidades autónomas y los ayuntamientos sino en las cuatro Administraciones. Aquellos políticos que gasten más de lo que pueden, aquellos que despilfarran y que se muestran manirrotos deben ser sancionados penalmente. La impunidad no ha hecho otra cosa que intensificar la crisis económica. La falta de responsabilidad de algunos políticos cuando no el cinismo ha situado a los ciudadanos en una posición crítica en algunas comunidades autónomas y en no pocos ayuntamientos. Bien está que se haya tomado la decisión de exigir responsabilidades penales a los irresponsables. Seguramente si se aprueba esa reforma del Código Penal disminuirán drásticamente los casos de endeudamiento acelerado y de desmesura en el déficit público.

Bien, pues, por Montoro. Y aunque el debate se abrió ayer y se va a prolongar muchos días está claro que un sector relevante de la población respalda la propuesta del ministro de Hacienda.