En realidad se sabe muy poco de la figura que preside la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Y es que de Alberto Pizango sólo se sabe que es el presidente de una importante organización indígena de Perú que ha sido capaz de integrar a un total de 1.350 grupos nativos de ese país, con el propósito de preservar e impulsar la cultura y el desarrollo de estas comunidades. Tal responsabilidad lo ha llevado a convertirse en el principal oponente de las políticas de explotación petrolera dentro de la periferia amazónica.
En realidad se sabe muy poco de la figura que preside la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Y es que de Alberto Pizango sólo se sabe que es el presidente de una importante organización indígena de Perú que ha sido capaz de integrar a un total de 1.350 grupos nativos de ese país, con el propósito de preservar e impulsar la cultura y el desarrollo de estas comunidades. Tal responsabilidad lo ha llevado a convertirse en el principal oponente de las políticas de explotación petrolera dentro de la periferia amazónica.
No obstante, en los pasados días Pizango cruzó las fronteras del Amazonas peruano para convertirse en el nuevo referente en la lucha indígena en Suramérica.
Nacido en el seno del pueblo nativo Shawi-Campu Piavi, Alberto Pizango, siempre mostró un fuerte compromiso por la reivindicación de los aborígenes amazónicos, cuyas comunidades se ven constantemente amenazadas por el narcotráfico y la explotación de su ecosistema, alentadas por las políticas gubernamentales de turno. Fue precisamente esta última, la que instó a que los líderes indígenas, encabezados por Pizango, pusieran en marcha una contundente huelga general que terminó en un violento enfrentamiento entre policías y manifestantes, que dejó como resultado más de 30 víctimas mortales.
El detonante de las protestas fue la aprobación de un conjunto de decretos legislativos por parte del Ejecutivo de Alan García, que según el Gobierno nacional, pretendían potenciar la inversión en regiones selváticas de Perú. No obstante, la medida fue interpretada por el colectivo amazónico como una violación de sus derechos, porque suponían la vulneración de su hábitat, debido a que dichos decretos autorizaban que el 60 por ciento de los bosques primarios del Amazonas sean vendidos a compañías trasnacionales para la explotación de petróleo, así como para el cultivo de biocombustibles. Esto hizo que Alberto Pizango se convirtiera en la voz cantante de una extensa jornada de protestas que terminaron en tragedia el pasado 5 de junio.
Los incidentes de Bagua no sólo denotaron que al gabinete de Alan García se le fue el control de la situación, sino que puso en evidencia un escenario social que comienza a configurarse en Perú y en otras regiones amazónicas, el cual hay que aprestarle especial atención: la radicalización de las comunidades indígenas. Un contexto que pudo leerse entre líneas gracias a las acusaciones de Alan García, que atribuía las actuaciones de los huelguistas a la influencia de sectores radicales, presuntamente apadrinados por el presidente boliviano Evo Morales y el líder del Partido Nacionalista Peruano (PNP), Ollanta Humala, figura controvertida en Perú y el principal opositor de la administración García.
Tras la confusión que se registró a lo largo de esos días, Pizango se vio en medio del ojo del huracán. No pasó mucho tiempo para que la Fiscalía peruana imputara al líder indígena de sedición y asesinato, como tampoco tardó mucho para que a Alberto Pizango le salieran nuevos aliados y defensores al otro lado de la frontera, como el mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, cuyo gobierno le concedió el asilo por considerarlo “perseguido político”. Una premisa compartida por sus congéneres y miembros del PNP que ven en la figura de Pizango un símbolo de liderazgo revolucionario y reivindicador; visión que contrasta abismalmente con la del mandatario peruano que lo describe como el instrumento de una conspiración en contra de su gobierno.
Sin embargo, las rencillas entre el presidente del AIDESEP y el Jefe de Estado de Perú no son ninguna novedad.
Alberto Pizango ya arrastraba varios antecedentes de desencuentros con la gestión de Alan García. Uno de los más significativos fue en agosto de 2008, cuando Pizango apoyó abiertamente el secuestro por parte de un grupo de nativos, de dos instalaciones petroleras, un yacimiento de gas y un oleoducto de la compañía argentina Pluspetrol y de la nacional Petroperú. Dicha situación instó a que el Ejecutivo decretara el estado de emergencia y terminará deteniendo y desalojando a la fuerza a los captores. El líder amazónico atribuyó la acción de sus congéneres como un acto de defensa por parte de los indígenas en contra de “las agresiones del Gobierno”.
Aún cuando el Ejecutivo finalmente derogó las “Leyes de la Selva”, la calma no ha llegado en el seno del Gobierno limeño, que a partir de ahora le toca la difícil tarea de hallar los mecanismos correctos para conciliar a los nativos con el Estado. El mismo que le ha dado la espalda a una comunidad que siempre se ha visto institucionalmente desamparada y explotada por aquellos organismos gubernamentales que deben velar por su integridad; razón por la cual, son propensas a ver en ciertas plataformas y gobiernos de corte radical, como el de la vecina Bolivia,- caso que puede ser considerado modélico-, las respuestas para defender la identidad indígena.
Entre tanto, Alberto Pizango en su exilio nicaragüense, deja sobre la mesa unas cuantas interrogantes por dilucidar sobre su futuro ¿Continuará siendo el líder de los amazónicos peruanos? o ¿Se convertirá en el nuevo fichaje del club de los insurgentes revolucionarios latinoamericanos? Sólo el tiempo lo dirá.
