La reforma laboral no satisface a Europa

La reforma aprobada en consejo de ministros no es definitiva, dice el Gobierno. Prevé cambiarla si empresarios y sindicatos llegan al acuerdo que quedó “a quince minutos” de llegar. Pero está claro que los sindicatos no aceptarán menos de lo que les reconoce el Gobierno y los empresarios confían en una reconvención al Gobierno por parte de Bruselas, de modo que un acuerdo de las dos partes es poco menos que imposible.

Los puntos importantes del proyecto de ley aprobado por el Ejecutivo son los siguientes:

Se mantiene la “ultraactividad” de los convenios. El periodo máximo de la renegociación de los convenios caducados en una horquilla máxima de entre 8 y 14 meses antes de acudir al arbitraje, cuando el Gobierno había barajado una horquilla de entre 12 y 18.

Se establece la prioridad de los convenios de empresa sobre los provinciales. Se establece en aspectos como el salario base y complementos salariales; retribución de horas extras y de trabajo a turnos; horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos y planificación de vacaciones; adaptación de la clasificación profesional; adaptación de las modalidades de contratación; y medidas para la conciliación de vida y trabajo.

Se hacen más objetivas las causas que pueden motivar un descuelgue salarial. Y en ciertos supuestos, las pérdidas transitorias podrán justificar el recurso a un ERE.

En caso de no haber acuerdo, el conflicto pase a la comisión paritaria y en última instancia a los instrumentos de resolución extrajudicial.

Después de conocer el sentido de la reforma del Gobierno, El miembro del consejo de gobierno del BCE, el español José Manuel González Páramo ha advertido al Gobierno de que si no hace verdaderamente flexible el mercado de trabajo, la reforma será inútil. Es decir, que esta reforma es inútil. Vamos, que es un maquillaje estéril, como la de septiembre de 2010.

Pero el mundo sigue girando, y lo hace en torno a Grecia. Hay dos posturas distintas sobre la deuda de aquél país. El BCE no quiere ni oír hablar de una reestructuración de su deuda, y habla de ello en términos apocalípticos. Alemania dice que es cuestión de tiempo. Por lo que se refiere al dinero, la UE calcula que Grecia necesita otros 120.000 millones. El FMI no tiene claro si soltar el dinero si Grecia no se lo toma en serio. Todo ello tiene muy preocupados a los inversores. Y esa preocupación se contagia al mercado de la deuda española. La prima de riesgo vuelve a subir por encima de los 250 puntos. Es normal. Porque como dice Moody's, el impago de Grecia aumentaría el riesgo de los otros países. Es decir, de España. Natixis se plantea esta posibilidad y se pregunta: Si la crisis se desplaza a España e Italia, ¿Qué habría de hacerse?

Las respuestas dan la medida de la magnitud del problema que afrontaría la Unión Europea. Natixis señala que el esquema de apoyo financiero arbitrado por la UE, el EFSF, “apoyado por el FMI, no podría utilizarse, dada la escala de los fondos que requerirían España e Italia”. Por otro lado, “un impago (quita) de las deudas de esos países llevaría al colapso del sistema financiero de la eurozona, dado el nivel de deuda española e italiana en manos de bancos europeos y de inversores institucionales”. ¿Qué queda? Según Natixis, monetizar deuda: “La única solución sería una monetización de las deudas públicas de España e Italia por medio de compras masivas de estos títulos por parte del BCE; algo que ahora rechaza hacer. El ejemplo del QE2 en los Estados Unidos muestra que esta política es efectiva”.

En España han desaparecido 450.000 empresas desde el inicio de la crisis, de las cuales 185.000 son autónomos y 250.000 son pymes. Es lo que ha declarado el presidente de Cepyme, Jesús Terciado, en una conferencia celebrada en Valencia ante un centenar de empresarios. Terciado ha recordado un dato importante para apreciar cuál es la estructura del empresariado español: de las más de 3,3 millones de empresas que todavía hay en España, sólo 1.704 tienen más de 500 empleados. Es decir, las pymes son más del 99 por ciento del entramado empresarial español.