Febrerillo loco en el poder judicial

Este final de febrero nos ha cogido con la Casa Real defendida por los palaciegos y los ex altos cargos y directivos de Caja Madrid condenados entre tres meses y seis años de cárcel por apropiación indebida, que alguno, como Iranzo, en la Comisión de Control de la Caja materializaba después en la adquisición de lencería fina y copeteos del trasnoche en Snobíssimo, donde afirma que conoció a su mujer –vaya sitio para unas nupcias–. Una farra muy santa y posconcliar. El caso es que desde exministros, secretarios de Estado y exjefes de la Casa del Rey –Rafael Spottorno se pulió 223.900 euros en trajes y electrodomésticos, que ya son trajes de Yusty y lavadoras que centrifugan–, todos han sido condenados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Gente black, obligaciones del trinque y endogamia del amarre que sustrajeron con toda confianza de una caja rescatada con 22.000 millones de las arcas públicas. Lo que ocurrirá con los 65 condenados, esa ya es otra historia…

Afirma hoy Manuel Marraco, periodista de tribunales en El Mundo, que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, retiró de la Fiscalía General del Estado a Consuelo Madrigal al saber que la jurista segoviana quería mantener como fiscal jefe de la Audiencia Nacional a Javier Zaragoza, propuesto en su día por el entonces fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido. Y que las jefaturas de Anticorrupción, Audiencia Nacional y Unidad de Apoyo las trataba de negociar el señor ministro con la señora fiscal vía telefónica o en plan ‘casual’, a lo que esta se negó y, por tanto, no renovó su puesto en el cargo. Horas después, Catalá anunciaba el nombramiento del actual fiscal general del Estado, el conservador José Manuel Maza, joven renuevo que le quiso dar con la ídem a Baltasar Garzón con el único voto particular del Tribunal Supremo en contra de la sentencia absolutoria por la investigación de los crímenes del franquismo. Y es que a Catalá lo civil se le va de vacaciones a las Bahamas y hace del tinglado de jueces y fiscales un cortijo, el de don Mariano, que es un esperpento de la derecha consistente en que al buen callar llaman Rafael. Y Consuelo se ha encerrado en su casa por todo el revuelo que ha levantado el ministro mundano y soberbio en las Cortes, protegido por la vicepresidenta, y volverá este miércoles a dar explicaciones. El fiscal general del Estado debería ser elegido por mayoría de dos tercios del Consejo General del Poder Judicial.

De fiscales hemos salido haítos en este febrerillo loco. Después del fallo del Caso Nóos, nadie confía ya en los jueces y mucho menos en los fiscales. No es que antes se fiase mucho en el poder judicial, pero las presiones a las que –a lo que parece– somete el ministro a los fiscales, a quienes ejercen la función de la acción penal pública, han puesto los pelos de punta al personal. Tenemos el caso reciente del fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, que ha ejercido más de abogado defensor de la infanta Cristina que de abogado del Estado, de defensor de los intereses de la ciudadanía. Ahora, tras una efímera vida mediática y antes de una última floritura –proponer a los fiscales del Tribunal Supremo que recurran la sentencia del caso–, abandonará la fiscalía y abrirá su despacho. La humildad inversa del reprivatizado Horrach –de lo público a lo privado en un clic– y la sonrisa aplaciente de Urdangarín son el selfie de esta februa de Neptuno.

Más choricillos a la leña: las cuentas del Campus de la Justicia de Madrid ideado por el Gobierno de Esperanza Aguirre saltan por los aires como los conejos de Valdebebas: más de cien millones de euros invertidos en un erial y sueldos que oscilan entre 9.000 y 6.000 euros netos mensuales destinados a jefes y asesores que nunca ocuparon aquellos despachos que iban a levantarse en 260.000 m² y que, en algunos casos, sirvieron para pagar un máster “Executive” MBA del Instituto Empresa, por ejemplo, valorado en 38.000 euros. Pero habría que ver quién y cómo montan el chiringuito jurídico a Esperanza, un servicio muy bien pagado a veinte empleados de los que diecisiete eran jefes, buenos validos de la arquitectura y el diseño a la búsqueda de un buen empleo: Norman Foster cobró él solo 13 millones por el proyecto. Y es que es Norman Foster, qué menos y qué prestancia.

La de la mezcla de poderes o la intromisión del poder ejecutivo en el judicial es un clásico, una cosa que ya nos cansa. Un robaperas es enchironado por un quítame allá esas pajas. La igualdad ante la ley en España: esa quimera que sólo nos trae jaquecas de fin de semana… y sin whisky.

Twitter: dfarranz