El presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, acude hoy al Tribunal Superior de Justicia de la región a declarar como imputado en el caso Auditorio por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración Pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. Recordemos que las acusaciones se refieren al momento en el que Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras y se construyó dicho edificio, obra en la que presuntamente pudo urdirse una trama de corrupción urbanística. Ayer discurrió por las calles murcianas una manifestación convocada por la Plataforma Anticorrupción de la Región de Murcia, recientemente puesta en marcha, en la que se corearon gritos contra Sánchez y se exigió su dimisión.
La misma dimisión que le pide Ciudadanos. La situación de Pedro Antonio Sánchez ha tensado la cuerda entre la formación de Albert Rivera y el Partido Popular, al que pertenece el jefe del Ejecutivo murciano. Hasta tal punto que el partido naranja no descarta romper el pacto de investidura si Sánchez no dimite, lo que abriría un incierto escenario de inestabilidad. No resulta extraño que los ánimos estén crispados, pues la ciudadanía está comprensiblemente harta de la lacra de la corrupción. Una lacra que ha tocado prácticamente a todos los partidos y que hay que atajar con firmeza.
No significa esto, sin embargo, que a las primeras de cambio deban saltar las peticiones de dimisión. Declarar como “investigado”, o incluso como “imputado” no es, ciertamente, baladí, pero tiene que estar muy claro que no es ser culpable, ni siquiera estar sentado en el banquillo. No son pocos los casos en los que la imputación no se sustanció no ya en una sentencia condenatoria en firme sino que ni llegó a desembocar en la apertura de juicio, porque se archivó el caso. Pero en este viaje la vida profesional y hasta muchas veces personal del protagonista quedó pulverizada para siempre. Porque el alboroto con la imputación nunca se repite para manifestar que dicha imputación ha quedado en nada. Muy al contrario, parece operar el “si te he visto no me acuerdo”.
Es evidente que las responsabilidades políticas y las penales son diferentes, pero la presunción de inocencia debería estar siempre presente. La demagógica “pena de telediario” es un camino de crispación que, en realidad, provoca ruido y furia, pero no contribuye al objetivo que todos queremos de acabar con la corrupción.