El Ejecutivo fija en 461,5 euros el mínimo garantizado y calcula que llegará a 850.000 hogares y sacará de la pobreza extrema a 1,6 millones de personas.
Sólo podrían cobrarlo los que hayan cotizado y tengan permiso de residencia. Para "expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".