politica linguistica

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado un auto en el que establece un plazo de dos meses para que la Consejería de Enseñanza de la Generalidad establezca las medidas necesarias para incluir el castellano "como lengua vehicular" en la educación.

El Parlamento catalán tramita estos días la nueva Ley del Cine de Cataluña mediante la que se quiere establecer que el 50 por ciento de las películas de los cines de la comunidad sean en catalán. Ante esto, el Gremio de Empresarios del Cine de Cataluña ha hecho saltar las alarmas porque considera que lo único que traerá la nueva norma será precios más altos, menos público y cierres de cines. Además, el PPC acusa a los socialistas de "haber vendido sus ideales" al establecer cuotas de idiomas que, según ellos, rechazaban años atrás.

El Gobierno balear ha dieseñado un nuevo plan para erradicar el castellano no sólo de la educación, sino de la Sanidad, la Justicia, las empresas, el deporte, las religiones, el ocio, los medios de comunicación, el arte y las relaciones con el exterior. Con más de 2.000 propuestas lingüísticas, el catalán se convertiría en la primera industria del Archipiélago.

El gobierno catalán ha presentado el recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a que el castellano sea lengua vehicular junto al catalán en el último momento, pues el plazo expiraba este miércoles.

El Circulo Balear ha denunciado en un comunicado la ambigüedad del PP Balear, respecto a la política lingüística que algunos ediles y ayuntamientos del partido, están llevando a cabo de la mano, como es este caso con la formación pancatalanista independentista PSM-Bloc en el importante ayuntamiento de Inca. De hecho, este verano, fueron cinco los ayuntamientos del PP en Mallorca que apoyaron las consultas soberanistas catalanas, sin ninguna reacción ni actuación por parte de la dirección Regional ni por parte de la dirección nacional del PP.

Al propietario del comercio Fincas Nevot, situado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), no tener un cartel en catalán en la puerta de su negocio le ha salido caro. La sanción de dos multas de 400 euros cada una, confirmada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 9 de Barcelona, no ha evitado que Nevot haya decidido enfrentarse a las “imposiciones que se ejercen” desde la Generalitat con un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

UPyD ha recibido insultos en lugar de apoyos a su iniciativa para prevenir y erradicar la "discriminación lingüística" y asegurar la libertad de elección de lengua. Rosa Díez ha tenido que aguantar el envite de los nacionalistas, que la han acusado de mentir y manipular con fines electorales.