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EL SUPREMO REVISA LAS MEDIDAS CAUTELARES DE LOS INVESTIGADOS

La cúpula del 1-O desfila ante Llarena

jueves 01 de marzo de 2018, 09:22h
El juez podría frustrar la segunda sesión de investidura si inhabilita o encarcela a Turull.

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena comunicará a las 10.30 horas de este viernes los autos de procesamiento a los implicados en el referéndum ilegal del 1-O y, además, celebrará una vistilla para posibles medidas cautelares sobre la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, Marta Rovira (ERC) y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa.

El Supremo estudia el posible ingreso en prisión preventiva de Turull, candidato a la presidencia de la Generalidad, a quien además procesará junto a la gran mayoría de los imputados en el caso del proceso independentista de Cataluña.

Lo hará horas después de que Turull no lograra los apoyos necesarios para ser investido presidente por el Parlamento de Cataluña en la primera votación, al decidir abstenerse los cuatro diputados de la CUP, y de que pronunciara un discurso sin alusiones a la independencia ni a la república catalana.

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Turull junto a Forcadell, Rovira, Romeva y otros de los antiguos gobernantes catalanes como Carles Mundó y Josep Rull están ya en libertad bajo fianza. Ahora, se decidirá si estas seis personas citadas deben seguir en libertad bajo fianza o, por el contrario, ingresan en prisión de forma preventiva.

Anoche, cinco minutos después de que finalizase la primera sesión del debate de investidura del candidato Turull, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, renunciaron a sus escaños como diputadas de Esquerra para tratar de convencer al juez de que renuncian a insistir en el procés así como para evitar que su procesamiento pueda interferir en la actividad parlamentaria.

La Fiscalía del Supremo se plantea solicitar el ingreso en prisión condicional de todos ellos, sobre todo si son procesados por el delito más grave: el de rebelión, castigado con hasta veinticinco años de cárcel. Por su parte, Vox, la acusación popular del caso, ya ha anunciado que estudia pedir el ingreso en prisión sin condiciones de los seis. En cualquier caso, el juez, quien ha convocado la vistilla por su propia iniciativa, tendrá la palabra final.

La vistilla del Tribunal Supremo, que podría dictar prisión preventiva, anularía la segunda votación de la investidura, que debería celebrarse 48 horas después de la primera votación, es decir, el sábado, a las diez de la mañana, según ha anunciado el presidente del Parlament, Roger Torrent. No obstante, las fuerzas independentistas tendrán margen hasta el 22 de mayo para pactar la investidura del nuevo presidente de la Generalidad y evitar así una repetición de las elecciones, en julio.

Entre los imputados en este proceso, además de los citados y de quienes están en prisión preventiva (el vicepresidente Oriol Junqueras, los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart y el exconsejero de Interior Joaquìm Forn) figuran personas como el expresidente Artur Mas, Anna Gabriel (CUP) y Mireia Boya (CUP).

A ellos se suman, entre otros, el expresidente de la Generalidad Carles Puigdemont y los exconsejeros Antonio Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluís Puig, todos ellos fugados, como Gabriel. Si, como es casi seguro, estos procesados no se ponen a disposición del juez, es muy probable que en un plazo más o menos inmediato Llarena dicte orden de detención internacional contra ellos, tomando como base los autos de procesamiento, algo que ya ha adelantado en alguno de sus escritos.

También deberán acudir los exmiembros de la Mesa del Parlament Lluis María Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó (todos ellos en libertad bajo fianza) y Joan Josep Nuet, en libertad sin medidas cautelares, y algunos otros políticos implicados en procès.

Cuando el procesamiento por rebelión sea firme, los que se encuentren en prisión o fugados, quedarán automáticamente suspendidos para el ejercicio de cargo público y, por tanto, no podrán ejercer como gobernantes durante el tiempo que se encuentren encarcelados.

El Supremo mantiene en prisión a Forn y Sánchez


Por otro lado, la Sala del Supremo que estudia los recursos contra las decisiones de Llarena ha confirmado este jueves la prisión preventiva para dos de los implicados, el anterior candidato Jordi Sánchez y el exconsejero Joaquìm Forn.

Lo ha hecho con argumentos que sustentan completamente la gravedad de los hechos investigados, la existencia de indicios contra los protagonistas y el riesgo de reiteración delictiva. Incluso en uno de los casos, el de Forn, en contra del criterio del fiscal, que pidió libertad bajo fianza, y sólo con el apoyo de Vox.
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