Aparenta ser la historia, como tantas veces, del cazador cazado. La UDYCO canaria viene desarrollando una investigación con apariencia de ser interminable (desde hace una década) contra el presunto testaferro de Teodoro Obiang en España, Vladimir Kokorev, para esclarecer el origen de veinte millones de euros en un caso de blanqueo de capitales. Y, en un giro que puede resultar determinante para el caso, han sido tanto el inspector como la subinspectora de la unidad que lucha contra el crimen organizado en Canarias los que se han sentado para ser interrogados y para declarar ante la juez.
Durante más de cuatro horas los agentes han respondido a las acusaciones y las pruebas presentadas por los abogados de la familia hispano-rusa afincada en Las Palmas, cuya estrategia dirige José Antonio Choclán. Ambos agentes se han visto forzados a despejar dudas ante la jueza Ana Isabel de Vega, del instrucción nº5 de la capital grancanaria, sobre los presuntos delitos de infidelidad en la custodia de documentos y falsedad en documento.
En juego está nada menos que la anulación de toda la prueba informática de la investigación. Y lo está porque el empresario ya jubilado ha presentado un informe policial en el que se acredita que en determinados documentos aportados a la causa “no hay garantías de autenticidad ni de integridad”. Y ello, porque en dispositivos usados por la UDYCO para la investigación se han detectado “archivos creados, manipulados y guardados de manera directa por la Policía”, rompiendo principios básicos de la cadena de custodia, según se ha puesto en conocimiento de la jueza.
Cuando sigue sin tener fecha el auto que acelere el camino hacia el juicio oral contra el ‘amigo’ de Obiang, se abre “un proceso dentro del proceso”, según admiten a ‘El Imparcial’ fuentes de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Hasta tal punto que los policías han admitido a la jueza haber alterado los metadatos de algunos de los materiales informáticos.
Destrucción de pruebas y creación de pruebas nuevas
Según ha conocido la jueza, en el curso de la investigación y en especial hace tres años (momento en el que pretendieron darle un impulso), los policías no sólo habrían destruido algunas pruebas informáticas sino que habrían generado pruebas nuevas, según se denuncia explícita y pormenorizadamente el denso informe presentado ante los tribunales.
No sólo eso, según se ha puesto de relieve en el tenso interrogatorio, algunas de las pruebas que ahora están duramente cuestionadas, con riesgo de ser invalidadas, sirvieron en su momento para ordenar el ingreso preventivo en prisión de Vladimir Kokorev, y para prorrogar una y otra vez la cárcel hasta sumar un total de treinta meses.
Los agentes de la UDYCO han intentado demostrar, en un escrito previo enviado al juzgado para despejar sus posibles responsabilidades, que algunas de las pruebas sobre las que se profanó el principio de cadena de custodia eran simples medios de investigación: materiales usados para contrastar con otros materiales y descubrir si el empresario realmente lavaba dinero o tenía empresas pantalla.
El inspector ha llegado a admitir durante el interrogatorio en sala, en relación a un USB que estaría cargado de material contra Kokorev y en riesgo de ser anulado, que “ha sido manipulado por nosotros, con lo cual habremos sido nosotros quienes eliminamos el archivo”.
La peripecia rocambolesca de esta investigación por supuestos delitos económicos despertó hace un año el interés y la denuncia de un grupo de eurodiputados, que se dirigieron a la Fiscalía General del Estado criticando aceradamente la actuación del fiscal anticorrupción Luis del Río Montesdecoca.
El caso llegó hasta el Comité de Peticiones de la Unión Europea hace medio año pero éste, en una reciente resolución, ha establecido que el cauce adecuado para revisar las actuaciones de la justicia canaria es el recurso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahí podría residenciarse en breve el próximo capítulo de esta kafkiana historia.
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