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TRIBUNAL SUPREMO

Torra, condenado a un año y medio de inhabilitación

Torra, condenado a un año y medio de inhabilitación
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(Foto: Efe)
lunes 28 de septiembre de 2020, 18:28h
El Supremo lo condena por desobedecer de forma "reiterada y contumaz" las órdenes de la Junta Electoral Central.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena al presidente de la Generalidad, Quim Torra, a 1 año y 6 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia al considerar que desobedeció "de forma reiterada y contumaz" las órdenes de la Junta Electoral Central para que retirase la pancarta en apoyo a los políticos presos y los lazos amarillos de edificios públicos en Cataluña durante el proceso electoral de las elecciones generales convocadas para el 28 de abril de 2019. La condena es ya efectiva pues Torra ha recibido esta tarde la notificación oficial de la sentencia (aunque no la ha firmado en protesta) por lo que ya no es president y asume el cargo por escala el vicepresidente Pere Aragonés.

Torra abandonaba el Palau por la plaza Sant Jaume de Barcelona, arropado por sus consejeros y unos pocos centenares de personas convocadas por las entidades independentistas. Antes, en rueda de prensa, apelaba a convertir las próximas elecciones catalanas en "un nuevo plebiscito" para confirmar el referéndum unilateral del 1 de octubre y achacaba a un "golpe urdido por los poderes del Estado" su inhabilitación.

Mientras el Gobierno le pedía elecciones en Cataluña "cuanto antes mejor" para que haya una "relación fructífera" entre el Gobierno central y el catalán, los partidos de la oposición hacían lo mismo pero porque "se hace justicia" y "gana la libertad" y no descartan una candidatura instrumental.

Por su parte, las formaciones independentistas recurrían a los argumentos de siempre sobre la falta de libertad de expresión y la represión a la que s even sometidos por el Estado. En una declaración, ERC afirma que "hoy es un día triste para la democracia y los catalanes". Los republicanos han expresado a Torra su solidaridad: "Nos tendrá y nos tiene a su lado". Como es habitual, el comunicado finaliza con que "el camino hacia la república catalana es irreversible".

Por unanimidad

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Juan Ramón Berdugo, el Supremo destaca que el ámbito del recurso “no es la exhibición de determinados símbolos o pancartas de una determinada opción política, sino su utilización en periodos electorales desobedeciendo lo dispuesto por la Junta Electoral Central que, en el ejercicio de sus funciones garantiza la transparencia y objetividad de los procesos electorales, prohibió su utilización, con vulneración del principio de neutralidad a que deben sujetarse las administraciones en general, contraviniendo órdenes expresas de aquella Junta Electoral”.

El Supremo, en sentencia dictada por unanimidad, desestima el recurso de Torra y confirma íntegramente la sentencia del TSJC.

En ese sentido, la Sala subraya que los acuerdos de la Junta Electoral Central no vulneraron los derechos a la libertad ideológica y la libertad de expresión de Torra. El alto tribunal insiste en que “el objeto del proceso no es analizar la condena del recurrente desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues como ciudadano es libre de realizar manifestaciones o actos que reflejen su identidad política. El objeto es la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y Administraciones públicas”.

Añade que “la exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales”, y cita su jurisprudencia para remarcar que el “sufragio libre” “significa proclamar como un esencial designio de verdadera democracia el establecer un sistema electoral que garantice un marco institucional de neutralidad en el que el ciudadano pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política”.

Para descartar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia, el Supremo parte de que Torra “en todo momento, con anterioridad, durante y después del juicio oral, no ha negado la exhibición de pancartas y otros símbolos en edificios públicos dependientes de la Generalidad, en especial en la fachada del Palau, y su negativa a cumplir las órdenes de la Junta Electoral Central”, aunque el recurrente alegara que se trataba de órdenes ilegales y que atentaban contra su libertad de expresión.

El Supremo constata “la contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia del acusado a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad”

La Sala indica al respecto que las resoluciones de la Junta Electoral Central “fueron dictadas con arreglo a Derecho, y el mandato contenido en los Acuerdos de 11 y 18 de marzo era claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos para su cumplimiento”.

La Sala considera que además de desatender el mandato de la Junta Electoral Central, el recurrente tuvo una voluntad consciente y una disposición anímica inequívoca de contravención. La sentencia detalla que el dolo exigible no consiste en querer cometer un delito de desobediencia, sino en querer incumplir la orden de una autoridad superior.

Asimismo, la Sala avala la inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos y añade que el recurrente ha sido condenado en su condición de autoridad pública- que ejercía en su cargo de naturaleza política- por negarse abiertamente a dar el debido cumplimiento a una orden emanada de autoridad superior, “imponiendo de esta forma su voluntad frente al mandato de los acuerdos de la JEC de 11 y 18-3-2019. En este sentido, el tribunal considera que la pena de inhabilitación – que se prevé como principal para el delito citado- debe abarcar a cualquier ámbito en que se comete el delito.

La Sala también entiende que es proporcional la pena impuesta, frente al argumento del recurrente de que se había vulnerado el principio de igualdad en relación con otros casos de desobediencia en los que la JEC sólo impuso sanciones económicas. Después de analizar su propia doctrina, el tribunal concluye que la no imposición de sanciones en otros casos en nada afecta a la corrección de las sanciones efectivamente impuestas, pues a estos efectos solo importa si la conducta sancionada era o no merecedora de dicha sanción. El tribunal concluye que en el caso concreto “no puede hablarse de una reacción penal desproporcionada e innecesaria que se aparte del principio de intervención mínima y de última ratio que en toda sociedad democrática tiene que tener el recurso al derecho penal”.

En relación con la alegación relativa a la falta de competencia de la Junta Electoral Central para dictar los acuerdos que dieron lugar a la condena por el delito de desobediencia, la Sala afirma que la competencia de este órgano “se ajusta al ordenamiento electoral” y que la orden “fue dictada por órgano competente”.

¿Qué ocurre a partir de ahora?

La ley de la presidencia de la Generalidad prevé que el vicepresidente del Govern, en este caso Pere Aragonés, sustituya a Torra, aunque no podría asumir tres de sus funciones: plantear una cuestión de confianza, designar o destituir consellers y convocar elecciones.

Aragonés asumiría esa sustitución en el momento mismo de la inhabilitación, aunque se formalizaría -tras la publicación del cese en el BOE y el DOGC- a través de un decreto del Govern, aprobado en una reunión del ejecutivo catalán en funciones.

El "presidente sustituto interino" tendría atribuciones en representación de la Generalidad, representación del Estado y en el ejercicio de la dirección de la acción de gobierno, como convocar y presidir las reuniones del ejecutivo.

El Govern queda ahora en funciones, hasta la toma de posesión del nuevo ejecutivo catalán. Al estar en funciones, el Govern no puede aprobar un proyecto de presupuestos, ni presentar proyectos de ley al Parlament, ni dictar decretos legislativos, pero sí puede, en cambio, dictar decretos ley si se justifica por una "extraordinaria urgencia y necesidad", para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos.

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