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TRIBUNALES

Dos golpes del Tribunal Constitucional a Sánchez en dos días

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (Foto: Efe)
EL IMPARCIAL
miércoles 06 de octubre de 2021, 17:31h
El PP anuncia que recurrirra al Constitucional la Ley de Vivienda y la Comunidad de Madrid que defenderá a los propietarios frente a este "intervencionismo".

El Tribunal Constitucional ha dado dos golpes duros al Gobierno que preside Pedro Sánchez en tan solo dos días. Primero, al declarar inconstitucional este martes el cierre del Congreso durante el primer estado de alarma, lo que impidió ejercer la labor parlamentaria de control al Ejecutivo, y, segundo, al avalar este miércoles la prisión permanente revisable impulsada por Mariano Rajoy al rechazar el recurso del PSOE y el resto de la oposición.

Hay que recordar que fue el PSOE quien impulsó ese recurso, aunque, una vez en la Moncloa y con la posibilidad en su mano de derogarla, los socialistas optaron por esperar a conocer el dictamen del tribunal y razón por la que ha tenido "congelado" durante tanto tiempo el recurso de la prisión permanente que Sánchez se comprometió a derogar en varias ocasiones y que figuraba en su programa electoral.

Desde el PP, su secretario de Justicia, Enrique López, era muy claro: "Es una nueva derrota de Sánchez y el PSOE, que defendían su inconstitucionalidad".

Igualmente, el Pleno del Tribunal Constitucional declaraba este martes inconstitucional el cierre del Parlamento durante el primer estado de alarma. La sentencia considera que la declaración del estado de alarma no puede en ningún caso interrumpir el funcionamiento de ninguno de los poderes constitucionales del Estado y, de modo particular, el Congreso de los Diputados. En consecuencia, la decisión de la Mesa hizo cesar temporalmente la tramitación de iniciativas parlamentarias de los recurrentes, lesionando su derecho de participación política.

Hay que recordar que el recurso fue presentado por Vox contra el acuerdo de la Mesa del Congreso del 19 de marzo de 2020 por el que se suspendió el cómputo de los plazos reglamentarios que afectan a las iniciativas que se encuentren en tramitación en la Cámara Baja, lo que fue tildado por el partido de Santiago Abascal de "mordaza" a la actividad parlamentaria.

El Constitucional, que admitió el recurso en junio de 2020, apreció entonces que concurre una especial trascendencia constitucional porque plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de este tribunal y porque el asunto suscitado trasciende del caso concreto al plantear una cuestión jurídica de relevante y general repercusión social o económica y porque pudiera tener unas consecuencias políticas generales.

No es la primera vez

La relación del Gobierno con el Constitucional nunca ha sido la mejor. De hecho, desde que ganara las elecciones hace menos de dos años, Pedro Sánchez ha tenido que ver como el alto tribunal anulaba algunas de sus decisiones por considerarlas contrarias a la Carta Magna.

Así sucedió en enero de 2020, con el Ejecutivo de coalición recién formado, cuando el TC anuló parte del decreto del alquiler del Gobierno, una de las promesas estrella del ya exministro de Fomento, José Luis Ábalos, que llegó a prometer la cesión de suelo público a empresas privadas para que construyeran y explotaran durante 50 años unas 20.000 viviendas en alquiler a precios asequibles.

En noviembre de ese mismo año el TC volvió a fallar contra los intereses del Gobierno, cuando declaró plenamente constitucionales tanto la ley de seguridad ciudadana del PP, como las "devoluciones en caliente", cuestiones, ambas, impugnadas por el PSOE.

Pero, sin duda, el año en que el alto tribunal está dando más 'disgustos' a Sánchez está siendo este 2021. El primer correctivo serio llegaría a mediados del pasado mes de mayo, cuando el TC desmontó los nombramientos de Pablo Iglesias e Iván Redondo en el CNI, que Moncloa trató de 'colar' en el paquete de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto de la pandemia.

Mes y medio después, el TC volvió a dejar en evidencia al "Gobierno más progresista de la historia" tras tumbar el nombramiento de Rosa María Mateo, pues estimó que vulneró el derecho fundamental a la participación ciudadana a través de los medios de comunicación.

El colofón llegaría a mediados del pasado mes de julio con la declaración de inconstitucionalidad del primer estado de alarma. En su escrito, el alto tribunal alegó que el paraguas legal para adoptar el confinamiento general de la población debía haber sido el estado de excepción y no el de alarma.

Tras estas dos nuevas derrotas, el Gobierno espera la inminente decisión del TC sobre el segundo estado de alarma, con otros asuntos, como la ley de eutanasia o el decreto que ampara la okupación, pendientes. Y la última será cuando el TC tenga que pronunciarse sobre la ley de vivienda acordada por PSOE y Unidas Podemos, que el presidente del PP, Pablo Casado, ha avanzado que su formación llevará al Constitucional.

Casado ha anunciado que las comunidades y ayuntamientos gobernados por su partido no la aplicarán. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que defenderá a los propietarios frente al "intervencionismo" de la nueva Ley estatal de
Vivienda.

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