HAY SENTENCIAS QUE LO CONFIRMAN
La Declaración Universal de Derechos Humanos respalda a los objetores a EpC
miércoles 10 de diciembre de 2008, 10:57h
Con motivo del 60 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la asociación Profesionales por la Ética se ha entrevistado con José Luis Bazán para recabar su opinión sobre la objeción a Educación para la Ciudadanía.
Bazán señala que tiene mucho que ver la Declaración de Derechos Humanos con la objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía “porque el artículo 26.3 afirma que los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.
Al respecto, añade que Educación para la Ciudadanía (EpC) constituye una imposición obligatoria de asignaturas de naturaleza moral que usurpa la patria potestad de los padres. Los padres objetores han percibido esta violencia moral que se ejerce sobre sus hijos y la regresión jurídica que supone; por eso se niegan, mediante el ejercicio del derecho a la objeción, a que sus hijos sean adoctrinados. En ese sentido, los objetores son un testimonio de valores que la ley debe acoger y respetar.
¿Es legal objetar?
Sobre si es legal que se pueda objetar a Educación para la Ciudadanía, una asignatura que están en un real decreto de obligado cumplimiento, José Luis Bazán apunta que, “porque la ley es obligatoria tiene sentido la objeción de conciencia, que es una excepción particular a una obligación legal general por razones de conciencia”.
Explica que “solamente los totalitarismos niegan el derecho a la objeción de conciencia” y añade que, en España, nuestro Tribunal Constitucional afirma que la objeción es un derecho constitucional, y así ha sido reconocido en un amplio número de casos. Por ello –dice– “la objeción como derecho, por definición, no es ilegal, sino una exención jurídica que el propio Derecho reconoce y ampara”.
Precedentes en Europa
Por otra parte, Bazán indica que existen precedentes en la UE: “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido la libertad ideológica de los padres y su derecho a negarse a que sus hijos sean adoctrinados en la escuela mediante asignaturas obligatorias en dos recientes casos frente a Turquía y Noruega”.
En este sentido, explica que “el Estado puede establecer materias objetivas, neutrales y pluralistas, pero nunca una doctrina oficial obligatoria, sea política, moral o religiosa”.
Además, este experto en Derechos Humanos apunta que “no solamente ocurre esto en Europa sino en otros tantos países de tradición democrática, como los Estados Unidos, donde su Tribunal Supremo ha reconocido exención a obligaciones generales como garantía de libertad ideológica de sus ciudadanos”.
Un derecho reconocido
José Luis Bazán tiene claro que hablamos de un derecho reconocido porque los tribunales “ya lo están reconociendo. Hace un año el Gobierno y las administraciones autonómicas acusaban a los objetores de insumisos, y a sus hijos de absentistas; les amenazaban con procesos por dejación de las funciones paternas, y les descalificaban socialmente utilizando los medios de comunicación afines”.
Ahora, “en poco más de un año, los tribunales han dictado casi 200 resoluciones judiciales –entre sentencias y autos de medidas cautelares–, la mayoría de las cuales reconocen la existencia del derecho a la objeción de conciencia”.
Ideario propio
Para terminar, Bazán comenta que “no hay previsión legal que permita adaptar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía al ideario propio. Por eso la única defensa es ejercer el derecho a la objeción de conciencia”.
Además, este experto en Derechos Humanos concluye que “se trata de una cuestión de bien común; al objetar, los padres contribuyen a la defensa de la libertad de todos los padres. La defensa de los derechos fundamentales no es una tarea particular sino que hemos de asumir la defensa de los derechos y libertades de todos, especialmente de los más desamparados”.
José Luis Bazán es doctor en Derecho, autor de numerosas publicaciones, ha sido profesor en las universidades de Navarra y Católica de París y es uno de los expertos en derechos humanos más importante de nuestro país.