objeción

La mayoría de formaciones políticas han coincidido en pedir un amplio consenso para sacar adelante la ley sobre muerte digna que quiere aprobar el Ejecutivo en marzo del próximo año.

La plataforma España Educa en Libertad ha denunciado las fuertes presiones para que los alumnos entren a clase de Educación para la Ciudadanía, sin embargo, también apunta que muchos padres están más tranquilos porque la asignatura “ha quedado totalmente descafeinada en muchos sitios” y “no se está dando como el Gobierno quiere”.

Cerca de 300 padres van a demandar al Estado Español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo al que piden, entre otras cuestiones, que requiera al Gobierno de Zapatero que respete la neutralidad ideológica con Educación para la Ciudadanía (EpC).

Asociaciones provida han convocado para el próximo 7 de marzo manifestaciones en España y otros países en contra de la nueva reforma de la Ley del Aborto, bajo el lema "España Vida Sí".

Desde Profesionales por la Ética y la federación de padres objetores España Educa en Libertad se ha pedido a la dirección del PP que aclare su posición frente a Educación para la Ciudadanía, ya que en comunidades como Madrid y Castilla y León sus actuaciones no difieren esencialmente de cómo se gobierna en las del PSOE: “Nos ponen muchas trabas para poder ejercer nuestro derecho a la objeción”.

El Ministerio de Educación ha rechazado por tercera vez una entrevista entre el ministro Ángel Gabilondo y los padres objetores a Educación para la Ciudadanía. A cambio, ofrecen una entrevista con una directora general sin capacidad de decisión.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha notificado ya 23 sentencias que eximen a un total de 34 alumnos objetores a Educación para la Ciudadanía (EpC) de cursar estas asignaturas. Estas sentencias, jurídicamente irreprochables, han desconcertado a los que, erróneamente, aseguraban que con las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2009 la problemática de la objeción a EpC había quedado definitivamente zanjada.

Según José Antonio Díez, coordinador general de la Asociación Nacional de Objeción de Conciencia (Andoc), ha explicado a EL IMPARCIAL que "la legislación española actual pone en duda" la objeción de conciencia como derecho de los profesionales médicos, por lo que ha considerado muy importante la resolución del Consejo de Europa garantizando este derecho. Además, se ha mostrado contrario al registro oficial que Castilla-La Mancha ha puesto en marcha y que el propio Tribunal Superior de la comunidad ha avalado en su auto provisional.

El presidente de la Organización Médica Colegial, el doctor Juan José Rodríguez Sendín, ha señalado a EL IMPARCIAL que el copago, como medida para solucionar el gasto excesivo que hay en materia sanitaria, “puede generar tantos problemas que yo no lo tengo claro, como profesional asistencial, no lo veo”. Además, ha achacado a los intereses partidistas que no se llegue a un Pacto de Estado por la Sanidad.

Centenares de familias van a presentar este viernes una demanda contra el Estado español ante el Tribunal de Estrasburgo por vulneración de los derechos fundamentales en el conflicto de educación para la Ciudadanía.

La Red Farmacia Responsable ha pedido al Ministerio de Sanidad que retire el folleto sobre la Píldora del Día Después (PDD) que ha distribuido a las farmacias porque "no es veraz y no es riguroso", así como el retorno de ésta a "medicamento sujeto a prescripción médica" hasta que se aporten las suficientes pruebas que justifiquen su cambio de estatus.

El Congreso de los Diputados ha rechazado con 183 votos en contra, 162 a favor y una abstención las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, UPyD, UPN, CIU y PNV. El texto, de esta forma, sigue su trámite parlamentario.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha afirmado que la colegiación debe ser universal y obligatoria, porque de no ser así quien no desee ser controlado no se colegiará, poniéndose en juego la seguridad de los pacientes.

La Organización Médica Colegial (OMC) expresa su satisfacción por las garantías manifestadas por la Ministra de Sanidad relativas a la objeción de conciencia del médico en caso de interrupción voluntaria del embarazo.