El Gobierno lleva la Ley de Cajas de Aguirre ante el Tribunal Constitucional

El Gobierno ha ordenado a la Abogacía del Estado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la nueva Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

El Ejecutivo, que ha adoptado esta decisión tras contar con el dictamen favorable del Consejo de Estado, fundamenta este recurso en que la norma, impulsada por el Gobierno que preside Esperanza Aguirre, "altera los criterios de proporcionalidad establecidos en la ley estatal de Cajas de Ahorros de 2003" en la representatividad de las corporaciones locales.

Este movimiento político del Gobierno, de gran calado, llega justo cuando la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, había declarado tras reunirse con los sindicatos de Caja Madrid que se está “buscando un consenso", algo que, a su juicio, "es positivo".

Nuevo paquete de medidas
El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que transpone la directiva de servicios en el mercado interior y la remisión a información pública del anteproyecto de ley que modifica un total de 46 leyes para poder aplicar dicha directiva, con la que prevé que el PIB aumente un 1,2% y se creen entre 150.000 y 200.000 empleos. El objetivo de la directiva, que los estados miembros deben incorporar a su legislación antes del 28 de diciembre de 2009, es alcanzar un auténtico mercado único de servicios en la Unión Europea a través de la eliminación de las barreras legales y administrativas que actualmente limitan el desarrollo de actividades de servicios entre estados miembros.

En concreto, el Ejecutivo dio el visto bueno para su remisión a las Cortes a la conocida como 'ley paraguas', una norma horizontal por la que se traspone la directiva de servicios, que supondrá una liberalización y flexibilización de las distintas actividades de este sector. Además, el Consejo de Ministros analizará también el anteproyecto de Ley, conocido como 'ley ómnibus', que modifica 46 leyes estatales como consecuencia de la trasposición de esta directiva. Este anteproyecto, que será remitido a información pública, contempla entre otras cuestiones la eliminación de aquellas autorizaciones administrativas que no estén justificadas por razones de interés general o sean innecesarias para atender esos fines.

En las actividades industriales se sustituye el régimen de autorización administrativa previa en las actividades industriales por el de comunicación o declaración responsable del interesado, mientras que el sector energético se sustituyen cuatro regímenes de autorización previa (comercialización de energía eléctrica, comercialización al por menor de gases licuados y a granel, comercialización de gas natural y operadores al por mayor de productos petrolíferos) por comunicaciones de inicio de la actividad a la autoridad competente.

En el sector de las telecomunicaciones, se sustituye la autorización para la prestación de servicios de instalación o mantenimiento de equipos o sistemas de telecomunicación por una declaración responsable. En los servicios medioambientales y de agricultura, se eliminarán con carácter general las autorizaciones o se sustituyen por trámites más rápidos y sencillos (declaración responsable o comunicación) en todas las actividades de servicios relacionados.

Colegios profesionales
Además, la 'ley ómnibus' contempla también una reforma "en profundidad" de la norma que regula los colegios profesionales, cuya aprobación es anterior a la democracia, con el fin de liberalizar el ejercicio profesional. Concretamente, se suprimirán las restricciones injustificadas a la publicidad por parte de los profesionales, así como las limitaciones que existen ahora para ejercer simultáneamente más de una profesión.

Se elimina también la prerrogativa de los colegios profesionales para fijar los baremos orientativos de precios y se les obligará a que las cuotas de inscripción que pagan los asociados se ajusten exclusivamente a los gastos que conlleva dicho ingreso. Con esta medida, se trata de evitar tarifas de ingreso a los colegios profesionales que pueden llegar a los 6.000 euros. Además, la solicitud de visado colegial de los trabajos profesionales será voluntaria, salvo que lo exija la ley.

Reducir las cargas administrativas
También se reducirán otras cargas administrativas para los prestadores de servicios, como inscripciones en registros, renovación de autorizaciones o duplicación de trámites para la apertura de nuevos establecimientos, al tiempo que se dará un gran impulso al proceso de simplificación de los trámites que deben llevar a cabo los prestadores de servicios aprovechando el potencial de las tecnologías de la información.

A través de la Ventanilla Única, cualquier ciudadano podrá obtener la información y realizar los trámites necesarios para la puesta en marcha de una actividad de servicios telemáticamente, tanto si desea establecerse en España, como en cualquier país de la UE. Igualmente, se incluyen los trámites de todos los niveles de las administraciones públicas (estatal, autonómico y local), que deberán coordinarse entre sí (y con las administraciones de otros estados), para facilitar la tramitación a los ciudadanos. Sólo se excluyen aquellos trámites que, por su naturaleza, requieran una comprobación presencial, como la acreditación de la personalidad ante un notario o la inspección previa de un local, cuando es necesario.

La directiva de servicios en España contemplará también el refuerzo de los derechos y la protección de los usuarios de los servicios, dado que garantiza que cualquier usuario de servicios tenga acceso a los servicios ofertados por cualquier prestador de la UE, en condiciones no discriminatorias. Además, obliga a los prestadores de servicios a actuar con transparencia. El prestador deberá poner a disposición del usuario información sobre sí mismo (nombre, forma jurídica, dirección, en su caso, autorización) y sobre las condiciones de la prestación (características del servicio ofrecido, precio, garantías).