La reforma de la Ley de Extranjería supone "un recorte de derechos"

"Con esta Ley de Extranjería perdemos todos: nuestra sociedad retrocede y también los derechos de los inmigrantes" es el lema bajo el que Cáritas, la red Acoge y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han rechazado la modificación de la Ley Orgánica 8/2000 propuesta por el Gobierno.

El texto no sólo introduce las directivas europeas en esta materia, de obligado cumplimiento para los países miembros de la Unión, y corrige algunos artículos que habían sido declarado inconstitucionales por el Tribunal Constitucional. El Ejecutivo ha ido más allá, según las organizaciones que trabajan con los inmigrantes.

"Nos parece un recorte de derechos", ha lamentado la directora técnica de la Red Acoge, Begoña Santos, en declaraciones a EL IMPARCIAL.

En este sentido, Acoge, Cáritas y CEAR, como miembros del Foro para la Integración Social, valoran de forma positiva "que se reconozcan los derechos de asociación, reunión, sindicación y huelga a los extranjeros en situación irregular". No obstante, alertan sobre el hecho de que "el proyecto aproveche esta ocasión para recortar otros", especialmente en lo que se refiere al acceso al empadronamiento, el derecho a la educación, el acceso a la vivienda y a los servicios sociales y sanitarios básicos, el acceso al derecho a justicia gratuita o la reagrupación familiar.

Población "invisibilizada"
Según Begoña Santos, "hasta ahora, las personas inmigrantes en situación irregular se podían empadronar" y acceder a los derechos fundamentales como la educación y la sanidad.

Sin embargo, con la reforma propuesta, ya no podrán inscribirse aquellos que residan en una ciudad, sino quienes tengan la "tarjeta de residencia", es decir, "quienes tengan la residencia legal".

De este modo, una parte de la población pasaría a ser invisible para las administraciones locales que no podrían implementar "políticas públicas para toda la ciudadanía". Además, los ayuntamientos no podrían acreditar el aumento de la población real y, por tanto, sus necesidades de recursos.

Por lo que respecta a la educación, el nuevo texto sólo garantiza el acceso a la obligatoria, contradiciendo al Tribunal Constitucional, que estableció que "al ser un derecho fundamental, cualquier persona debe tener acceso a ella tanto en la etapa obligatoria como post obligatoria e infantil", ha recalcado Begoña Santos.

Plazo máximo de retención
Acoge, CEAR y Cáritas también rechazan que se prolongue el tiempo de estancia máxima en los centros de internamiento. La nueva Ley propone ampliarlo de 40 a 60 días, algo que consideran que "no va a mejorar la eficacia a la hora de expulsar a los inmigrantes".

Además, "el TC dijo que se tenía que tratar de 40 días, ya que cuando una persona ha cometido un delito, el plazo máximo para que dicten la orden de extradición es de 40 días", ha explicado Santos. "No sería justo que a una persona que sólo ha cometido una infracción administrativa, se le tuviera retenido 60 días", ha apostillado.

Aumento de la conflictividad social
"No nos parece que sea el momento oportuno para hacer una reforma de estas características", ha afirmado Santos, porque estamos atravesando "un momento de crisis económica en el que puede haber fricciones con los inmigrantes al considerarlos como herramientas de trabajo, mano de obra, cuando en realidad son personas".

Así, según ha denunciado la directora técnica de la Red Acoge, "se pueden producir situaciones de xenofobia y actitudes poco tolerantes hacia la población inmigrante".

Los miembros del Foro para la Integración Social, además, han hecho constar que la reforma "no ha gozado de un suficiente y adecuado proceso de consulta previo". Asimismo, lamentan que "el procedimiento escogido para su tramitación parlamentaria sea por la vía urgente, que limita el período para la presentación de enmiendas, y que se haya hecho coincidir con el período estival".

En cualquier caso, y rechazadas todas las enmiendas a la totalidad en el Pleno del Congreso de este jueves, Acoge, Cáritas y CEAR esperan que los grupos parlamentarios se hagan eco de sus enmiendas parciales para que puedan salir adelante.