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la crisis de los controladores

Lea aquí las principales reacciones a "la crisis de los controladores"

sábado 04 de diciembre de 2010, 17:34h
Cientos de miles de afectados, miles de vuelos cancelados, aeropuertos atestados... Son algunas de las consecuencias de la crisis provocada por los controladores aéreos al abandonar de forma masiva sus puestos de trabajo, a los que han vuelto tras ser decretado por el Gobierno el estado de alarma. Las reacciones de los principales grupos políticos y organizaciones no se han hecho esperar:
PP
El Partido Popular se ha ofrecido hoy a "ayudar" e incluso "intermediar" para poner fin al "caos" provocado por los controladores aéreos ante la "incapacidad del Gobierno, que se ha visto superado claramente por la situación".

Así lo ha dicho hoy el vicesecretario general de Comunicación de este partido, Esteban González Pons, en una comparecencia ante los medios de comunicación en Valencia, donde ha criticado al Ejecutivo central "por no actuar" a pesar de que, según ha dicho, "tenía noticias de que esto podía suceder desde el día anterior".

González Pons ha pedido al Gobierno que tome "todas las medidas necesarias", incluso penales, y que diga "la verdad" a los viajeros afectados, porque un país "no puede estar secuestrado dentro de sus fronteras por culpa de un colectivo de profesional".

"Si sabía lo que podía ocurrir, ¿por qué aprobó un decreto conflictivo para el colectivo de controladores en vísperas del puente más importante del calendario español?", se ha preguntado el dirigente del PP.

Según ha explicado, antes del Consejo de Ministros, el responsable de Fomento, José Blanco, comunicó al Gobierno que los problemas habían comenzado en Galicia y que los controladores habían recibido "avisos" para que esto "no ocurriera".

"Dado que lo ocurrido no es una catástrofe natural, y es por lo tanto previsible, el Gobierno debe aclarar desde cuando sabía que esto podía ocurrir, y por qué no se dio información a los ciudadanos, a las compañías de transporte ni a las agencias de viaje", ha manifestado.

PSC
La comisión ejecutiva del PSC destacó hoy el ejercicio de responsabilidad del Gobierno español y le mostró su apoyo en la crisis de los controladores.

Además, los socialistas catalanes emplazaron al colectivo profesional de los controladores que ayer inició un paro por sorpresa a "retomar su actividad de inmediato".

La comisión ejecutiva del PSC "da su pleno apoyo a la gestión por parte del gobierno español de la crisis generada por la actitud irresponsable del colectivo de controladores aéreos".

"Los socialistas consideramos que el decreto del estado de alarma constituye un ejercicio de responsabilidad por parte del Gobierno y destacamos, al mismo tiempo, la celeridad en la respuesta por parte del gobierno catalán, que ya ha activado el dispositivo del Plan de Protección Civil de Cataluña.

En este sentido el PSC pone de relieve, además, "la labor llevada a cabo por los cuerpos y fuerzas de seguridad de Cataluña y del resto del Estado, a fin de minimizar los perjuicios generados por la huelga".

IU
El secretario federal de Economía y Trabajo de IU, José Antonio García Rubio, ha considerado que aplicar el estado de alarma, una medida sin precedentes en la democracia, constituye una decisión "grave e inaceptable", aunque no apoya las reivindicaciones y "modos" de los controladores.

García Rubio ha asegurado, en un comunicado, que su formación no comparte la decisión de aplicar a los controladores el Código Penal Militar ni declarar el estado de alarma para resolver un conflicto social.

Aunque el dirigente de IU opina que el abandono de su puesto de trabajo de numerosos controladores aéreos y el "caos" generado con ello, han provocado perjuicios a los ciudadanos, subraya, no obstante, que el Gobierno tiene una "grave responsabilidad" en el origen del problema y en su gestión.

ERC
ERC ha pedido hoy a los controladores aéreos que "depongan su actitud" ante la huelga de este colectivo que ha afectado a más de 300.000 personas.

ERC califica en un comunicado la postura de los controladores "intolerable" y los define "son una casta laboral privilegiada con un sueldo medio anual de 300.000 euros, el colectivo profesional mejor retribuido" en palabras del secretario general de ERC, Joan Ridao.

En opinión de Ridao "nunca su derecho de huelga puede pasar por delante del interés general y del funcionamiento de un servicio público esencial".

"Su actitud no refuerza sus demandas porque han perdido la escasa credibilidad social que les quedaba", ha afirmado el dirigente republicano.

BNG
El portavoz del BNG en el Congreso, Francisco Jorquera, ha criticado hoy la actitud de los controladores aéreos, pero también ve "grave" la declaración del estado de alarma y ha lamentado que el Gobierno no fuese capaz de prever el conflicto.

El diputado ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de los controlares para que retomen su actividad, y también ha emplazado al Gobierno a que, una vez recuperada la normalidad, abra una mesa de diálogo.

Jorquera señala en nota de prensa que es preciso que los controladores retomen su actividad para evitar un "empeoramiento de la complicada difícil situación" que padecen miles de ciudadanos atrapados en los aeropuertos.

También se ha dirigido al Gobierno para demandarle que una vez que se vuelva a la normalidad se abra una mesa de diálogo para "encauzar" la solución definitiva al conflicto como un problema socio-laboral abordado "en el marco de una interlocución estrictamente civil".

Igualmente, dice a los controladores que deben deponer su actitud y se incorporen a sus puestos de trabajo porque "se trata de un plante sin previo aviso y no de una huelga legalmente convocada", que causó el cierre del espacio aéreo y evidentes problemas a cientos de miles de ciudadanos.

Los jueces
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha apoyado hoy el estado de alarma que ha declarado el Gobierno, tras la situación creada por el paro imprevisto de los controladores aéreos, y ha asegurado que los jueces velarán por la estricta aplicación de la ley.

En una reunión celebrada hoy la Comisión Permanente del CGPJ ha emitido un comunicado en el que, ante la situación de "extrema gravedad" que representa para España el cierre del espacio aéreo nacional, hace un llamamiento a la "responsabilidad" de los servidores públicos.

Además, el CGPJ apoya las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.

Recuerda también que los jueces, "en cumplimiento del deber constitucional que tienen encomendado, velarán por la estricta aplicación de las leyes para salvaguardar el ejercicio pacífico de tales derechos y libertades."

La CEOE
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de Hoteles han calificado la actuación de los controladores de irresponsable e intolerable.

Consejo de Consumidores y Usuarios
El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha hecho hoy un llamamiento "a la cordura" a los controladores y les ha pedido que cejen en su actitud para normalizar el tráfico aéreo, al tiempo que ha instado a la Fiscalía a que actúe de oficio e investigue "posibles conductas punibles".

En un comunicado remitido a los medios, la CCU advierte de que en esta situación sería fácil eludir las posibles responsabilidades, "sumidas en un cruce de inculpaciones", por lo que solicita la intervención inmediata de las autoridades de consumo para que éstas no queden impunes.

Tras considerar que la primera preocupación de las autoridades debe de ser garantizar lo antes posible el retorno a la libre movilidad de los ciudadanos, la CCU apoya las medidas adoptadas hasta ahora y pide al Gobierno "rapidez y contundencia" para lograr la apertura del espacio aéreo español.

Además, quiere que el Gobierno y las comunidades cumplan con su deber de control mediante las oportunas inspecciones para constatar si las aerolíneas están informando debidamente a los pasajeros sobre sus derechos.

Según esta organización, los controladores aéreos han tergiversado derechos laborales muy necesarios y han utilizado a los ciudadanos "como rehenes" para reivindicaciones que "en ningún caso justifican el daño absolutamente desproporcionado causado a los viajeros".

El Consejo de Consumidores y Usuarios también reclama a los afectados que mantengan en lo posible la calma y que no carguen su indignación sobre los empleados aeroportuarios presentes, que están cumpliendo con su obligación.

En un comunicado conjunto emitido hoy, ambas organizaciones sostienen que "la huelga de los controladores aéreos" afecta gravemente a la imagen de España y a nuestra economía", "ha inmovilizado a miles de pasajeros y les ha privado del derecho a viajar causándoles un perjuicio incalculable".

La OCU
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado hoy que presentará una "querella criminal" contra los controladores aéreos que sean "culpables" del caos aeroportuario y un contencioso-administrativo contra AENA por entender que es "responsable" del funcionamiento correcto de los aeropuertos.

En un comunicado, la OCU rechaza que "un conflicto laboral previsible pueda ser considerado causa de fuerza mayor" como justificación de la denuncia contra AENA.

Añade la OCU que solicitará por la "vía judicial" a AENA la "identificación" de los controladores que deberían estar en sus puestos de trabajo durante estos días, así como las causas aducidas para su ausencia.

Las Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Comercio han respaldado hoy "al Gobierno en todas aquellas decisiones y medidas que tome encaminadas a restablecer y garantizar la seguridad del tráfico aéreo", al tiempo que han condenado "sin paliativos" la actitud de los controladores aéreos civiles.

De acuerdo con un comunicado, las Cámaras han demandado al "Gobierno que mantenga la máxima firmeza para lograr una adecuada y perdurable solución del conflicto", porque esta situación está provocando gravísimas consecuencias en sectores como el turismo y el transporte, claves para la economía española.

Facua
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente la respuesta del Gobierno de España "al chantaje de los controladores que han planteado una huelga salvaje de forma encubierta", pero critica "la falta de medidas para garantizar que las compañías aéreas asuman los derechos de los pasajeros".

FACUA "echa en falta el papel en esta crisis de la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, que tiene las competencias en materia de protección de los consumidores, así como el necesario llamamiento del ministro de Fomento, José Blanco, a que las compañías cumplan el marco normativo", según ha explicado a los periodistas Rubén Sánchez, portavoz de la organización

"FACUA demanda al Gobierno y las comunidades autónomas que garanticen los derechos de los pasajeros, para lo que resultan necesarias inspecciones en los aeropuertos con el objeto de verificar si las aerolíneas informan a los usuarios sobre sus derechos a ser asistidos con comida, bebida y alojamiento, además de asumir posibles indemnizaciones por daños y perjuicios".


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