Tribunal Supremo

La acusación popular que ejercen el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad en el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo ha mantenido su petición de 20 años de inhabilitación para el juez por un delito de prevaricación. Así lo ha anunciado en la última sesión del juicio en el Tribunal Supremo el abogado de Manos Limpias, Joaquín Ruiz Infante, que ha modificado sus conclusiones provisionales para incluir que las pruebas practicadas en el juicio han confirmado que Garzón se declaró competente para investigar los hechos a sabiendas de que no lo era y después de que otros juzgados archivaran las denuncias.

El juez Baltasar Garzón declara este martes en el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo al no haber estimado la sala las cuestiones previas planteadas por su defensa y el fiscal y no anular la causa.

El exministro de Fomento y actual diputado socialista José Blanco declara este jueves como imputado en el Tribunal Supremo en el marco de la "operación Campeón" sobre el supuesto cobro de comisiones a cambio de subvenciones públicas.

El fiscal del Tribunal Supremo Luis Navajas ha solicitado el sobreseimiento de la causa abierta contra Baltasar Garzón por investigar sin competencia los crímenes del franquismo, al considerar que la acusación popular es "incapaz" de abrir en solitario el procedimiento y su presencia en la causa es "meramente adhesiva". "Sólo tiene facultades de apertura del procedimiento si se ve acompañada por el fiscal o la acusación particular", ha añadido. Así se ha pronunciado el representante del Ministerio Público durante la fase de cuestiones previas, después de que la defensa del juez imputado pidiera la nulidad del juicio abierto por un presunto delito de prevaricación en aplicación de la 'doctrina Botín', que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.

El Tribunal Supremo vuelve a juzgar desde este martes a Baltasar Garzón por un delito de prevaricación, en esta ocasión por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo, una causa que ha movilizado a juristas internacionales y organizaciones de derechos humanos en apoyo del juez. La plataforma "Solidarios con Garzón" ha vuelto a convocar una concentración frente al Supremo a las 10 de la mañana, media hora antes de que comience la vista, y por la tarde trasladarán a la madrileña puerta del Sol su protesta para denunciar lo que consideran una "persecución política".

El Tribunal Supremo continúa el juicio al magistrado Baltasar Garzón con el interrogatorio como testigos de cinco funcionarios policiales que intervinieron en la investigación del caso Gürtel y de un funcionario del Juzgado Central de Instrucción número cinco que trabajaba con Garzón.

El juez Baltasar Garzón ve "difícil" reparar los "graves perjuicios" que le han supuesto la causa abierta contra él por el patrocinio por parte de cinco entidades de sus cursos en Nueva York, pero ha mostrado su confianza en el sistema judicial español y en que quedarán claros los hechos. En una nota de prensa enviada este sábado a los medios, Garzón ha expresado su "más absoluto y contundente rechazo" al auto dictado ayer por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena en el que le imputa un delito de cohecho impropio al entender que las cantidades abonadas tuvieron siempre relación directa con su condición de juez.

Segunda vez que se sienta Baltasar Garzón en el banquillo del Tribunal Supremo. Si la semana pasada fue por la presunta prevaricación y la violación de los derechos constitucionales al ordenar las escuchas de la trama “Gürtell” y sus abogados, ésta vez ha sido por la causa abierta contra él por investigar sin competencias los crímenes del franquismo.

El juicio a Baltasar Garzón por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo ha comenzado a las 10:45 horas, una vista a la que asisten varios representantes de asociaciones internacionales de derechos humanos. Durante la vista, la defensa del magistrado ejercida por Gonzálo Martínez-Fresneda, ha solicitado al Supremo la anulación de todo el procedimiento por ser aplicable a este caso la denominada "doctrina Botín", que establece que la acusación popular no es suficiente para sostener una causa en la Fiscalía no presenta acusación alguna.

El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas del "caso Gürtel", ha admitido hoy que no comunicó al juez que iba a entrevistarse en la cárcel con los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, pese a que el reglamento penitenciario así lo requiere. A preguntas del abogado de Garzón, y en su declaración como testigo, Peláez -que representa al constructor José Luis Ulibarri, imputado en el "caso Gürtel"- tampoco ha podido acreditar la existencia del volante expedido por el Colegio de Abogados que certificaría que había sido "expresamente llamado" por esos internos para entrevistarse con ellos en prisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no investigará al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por sus pagos al juez Baltasar Garzón para participar en dos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006 al considerar que el presunto delito de cohecho está prescrito al haber transcurrido más de tres años.

La defensa del juez Baltasar Garzón, ejercida por el abogado Francisco Baena Bocanegra, ha solicitado poder recurrir en apelación ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo si es condenado por haber ordenado intervenir las escuchas que mantuvieron en prisión los cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados.