Asesinatos

Las autoridades del hospital de la Asociación Española de Socorros Mutuos de Uruguay exigieron este lunes a la Justicia que llegue "a sus últimas consecuencias" en la investigación de los crímenes cometidos por uno de sus enfermeros, a los que se atribuye el asesinato de 11 pacientes de ese centro asistencial.

En la recta final de sus comicios regionales, la cuenta atrás para las municipales colombianas se ha visto empañada por los datos recogidos por la Misión de Observación Electoral (MOE), que sostiene que en lo que va de campaña, 41 candidatos han sido asesinados a manos de grupos armados ilegales.

Seis niños han sido asesinados en una semana por sus padres, padrastros o cuidadores. Nadie sabe por qué, de pronto, se suceden unos crímenes que, por la condición de las víctimas, los hacen más dolorosos. Un bebé fue abandonado nada más nacer, a otro se lo "olvidaron" y un tercero se salvó de ser degollado por su madre.

La Policía mexicana detuvo este domingo a José Antonio Acosta Hernández, alias "El Diego", uno de los principales capos de "Los Aztecas", el brazo armado del cártel de Juárez, una de las bandas criminales que han sembrado la violencia en esta ciudad fronteriza. A Hernández, se le acusa de orquestar 1.500 asesinatos, entre ellos la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvárcar en 2010, entre otros crímenes.

La Misión de Observación Electoral (MOE) denunció este jueves que en Colombia han sido asesinados un total de 15 líderes políticos en lo que va de 2011, de los cuales 11 ocurrieron el pasado mes de mayo. La directora de esta organización, Alejandra Barrios aclaró que los móviles de los asesinatos deben ser establecidos por las autoridades competentes aunque las "víctimas tienen en común que han expresado en público y en privado que desarrollarían actividades proselitistas" para las elecciones regionales que se cumplirán en Colombia el próximo 30 de octubre.

Alzando pancartas con frases como, "estamos hasta la madre", "más poesía y menos policía" o "ni un muerto más", centenares de miles de personas tomaron veinte ciudades mexicanas para protestar contra el fin de la violencia en ese país, que en los últimos cuatro años se ha cobrado más 35.000 vidas, y cuya última víctima fue el hijo de célebre poeta, Javier Sicilia el pasado 28 de marzo.

Por primera vez desde 2005, el Gobierno de Hugo Chávez rindió cuentas ante la Asamblea Nacional sobre los índices de criminalidad en Venezuela, ante las presiones de los parlamentarios de la oposición que exigían al Ejecutivo presentar los número oficiales sobre la tasa de homicidios en el país, el ministro de Interior Tarek El Aissami, reveló que la misma en 2010 fue de 48 por cada 100.000 habitantes, lo que equivale a 10.451 personas asesinadas. Una cifra que si bien contrasta con los 17. 600 homicidios registrados por Observatorio Venezolano de la Violencia, no por ello la nación suramericana se libra de superar en criminalidad a la media latinoamericana.

A menos de un mes de celebrarse los comicios locales en Colombia, este fin de semana fue asesinada una candidata por el Partido Conservador en el departamento del Caquetá, situado al sur del país, elevando a 37 el número de políticos ejecutados en víspera de las elecciones. No obstante, las autoridades apuntan a el móvil del crimen pudo haber sido un ajuste de cuentas, ya que la víctima, Jazmín Ortiz, estaba presuntamente vinculada al tráfico de drogas.

Alrededor de 3.000 personas encabezadas por el poeta Javier Sicilia, marcharon este domingo en la capital mexicana en contra la política de seguridad llevada a cabo por el presidente Felipe Calderón, a la que acusan de incrementar aún más la escalada de violencia que sufre el país norteamericano.

En los últimos días cinco campesinos y líderes ecologistas han sido asesinados en el Amazonas brasileño presuntamente por empresarios y grupos dedicados a la deforestación ilegal de uno de los ecosistemas más ricos del plantea. El Gobierno de Dilma Rousseff se comprometió a adoptar “medidas especiales” para proteger a decenas de campesinos que se encuentran en el blanco de estas mafias, que podrían verse amparadas por una polémica reforma del Código de Forestación, aprobada esta semana por el congreso.

Un solo policía se ha quedado al cargo del municipio de Santa María del Oro, ubicado en el estado de Jalisco, en el oeste de México, después de que sus diez compañeros dimitieran entre el domingo y el martes ante las amenazas de las organizaciones criminales que operan en la zona.