CATALUÑA

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha vencido en esta crisis.

Acusan a la consejera de Justicia, Ester Capella, que no ha condenado las acciones, de "poner en riesgo" a los profesionales de los juzgados.

El nuevo decreto, cuyo incumplimiento comportará multas de hasta 1.400 euros, obligará a precontratar estos servicios con una antelación mínima de 15 minutos.

El Supremo baraja comenzar el 5 de febrero.

Es el último de los históricos socialistas que ha criticado la decisión del Gobierno.

Pide que sea la Audiencia Nacional la que juzgue a la cúpula de los Mossos.

El Supremo ya ha solicitado a Interior que ponga en marcha los trámites para el traslado a Madrid de los nueve acusados que se encuentran en prisiones catalanas.