cuentas publicas

El caso de los supuestos gastos oficiales irregulares de Carlos Dívar, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la publicidad de las cuentas de los cargos públicos españoles. Aunque la nueva Ley de Transparencia promovida por el Gobierno de Mariano Rajoy pretende erradicar prácticas propensas a la corrupción, diversas organizaciones y ONGs denuncian que en España todavía queda mucho por hacer en este ámbito.

En opinión de Cristóbal Montoro, a Zapatero "no le fallan las previsiones, sino las políticas económicas". En rueda de prensa, el cabeza de lista del PP al Congreso por Sevilla ha exigido al Gobierno una "necesaria clarificación" porque las cuentas públicas y el déficit público están "falseados".

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, ha calificado los presupuestos del próximo año de "ruina" porque "traerán más paro, más impuestos, más recortes sociales y menos inversiones". Asimismo, los portavoces del BNG, de UpyD y de Nafarroa Bai en el Congreso han criticado que Salgado haya defendido unos presupuestos "ficticios, irreales y que no generarán empleo". Por su parte, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV ha augurado "más crisis económica y más crisis social" tras la aprobación de estas cuentas.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, ha admitido este sábado que la situación de este órgano tras la polémica por sus viajes es "insostenible" y ha anunciado que el próximo jueves 21 tomará una decisión "rotunda y contundente" sobre su dimisión. La decisión se retrasará hasta que se hayan celebrado los actos de conmemoración del bicentenario del Tribunal Supremo, que comenzarán el próximo lunes con la presencia del rey en la sede de este órgano y que finalizarán el miércoles.

El PP ya tiene los primeros informes sobre la situación de las cuentas públicas, y lo que recogen no es nada alentador: la Seguridad Social no tendrá las cuatro décimas de superávit que preveía el Gobierno de Zapatero, sino que entra en déficit, con una décima del PIB, contando también con el antiguo INEM y con Fogasa.

La Administración de Zapatero toca a su fin y todas las medidas emprendidas para sanear las cuentas públicas, reactivar la economía y generar empleo han resultado insuficientes, a tenor de lo que exponen los expertos: no se llegará al objetivo de déficit, el PIB crecerá menos de lo que esperaba el Gobierno y, en definitiva, la economía permanecerá estancada. Además, la reestructuración del sector financiero puede quedar en papel mojado en el caso de que entren en vigor las nuevas exigencias del regulador europeo. Toda una herencia envenenada para el próximo Gobierno, que, según apuntan las encuestas, será del Partido Popular. Por ello, en Génova ya temen encontrarse ‘sorpresas’ en las cuentas públicas del Estado que afloren un mayor déficit público al estilo de lo sucedido en Castilla-La Mancha.

El Banco de España ha llamado a los nuevos gobiernos autonómicos y locales que se formen tras las elecciones a que cumplan "rigurosamente" los objetivos de déficit fijados con el fin de lograr reducir el saldo negativo de las cuentas públicas.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, se ha mostrado convencida de que las previsiones que ha incluido el Gobierno en el cuadro macroeconómico sobre el que se basan los Presupuestos del año que viene son "realistas", aunque no ha descartado la posibilidad de tomar nuevas medidas si es necesario para cumplir con la consolidación fiscal.