El partido secesionista busca revertir la reforma de la malversación de 2015 aprobada por el PP y que endureció las penas al desvío de fondos públicos cuando no hay enriquecimiento personal.
Dice que "la primera fase" era "disminuir la capacidad represiva de determinados aparatos del Estado" y ahora se debe abordar el referéndum que cambie la "relación política" entre España y Cataluña.