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El Partido Popular ha vuelto a intentar acorralar al Gobierno a cuenta del "caso Faisán" en la sesión de control. El PP pone ahora en el centro de la diana al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde cuyo teléfono se realizaron llamadas al ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, imputado por el "chivatazo". Así, el diputado popular Ignacio Gil Lázaro ha dicho a Rubalcaba que "Faisán apesta a cloaca de Estado", a lo que el ministro ha respondido defendiendo a Camacho y acusando al PP de intentar lucirse en "cadenas de extrema derecha".

El juez que investiga el caso del 'chivatazo' a Eta no citará a declarar al secretario de Estado de Seguridad al considerar que su testimonio "no es determinante" para la investigación.

El PP opina que el llamado caso Faisán "pende cada vez más" sobre la cabeza del vicepresidente y ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien acusa haber estado dos años "engañando" a los grupos parlamentarios y a la sociedad en general. Así se ha manifestado el diputado popular Ignacio Gil Lázaro tras conocer que el magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso en sustitución del juez Baltasar Garzón, ha pedido identificar los tres usuarios de unos teléfonos del Ministerio de Interior, desde los que supuestamente se hicieron unas llamadas a los imputados en esta causa.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha apoyado la identificación de los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior al supuesto chivatazo a la banda terrorista ETA en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa), que se produjo el 4 de mayo de 2006, hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa.

El juez Pablo Ruz, que investiga el supuesto "chivatazo" con el que se alertó a Eta sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006, ha ordenado nuevas diligencias entre las que pide a la Policía más datos sobre la cadena de custodia de la cinta que grabó en el bar Faisán de Irún. Así lo ha acordado el magistrado de la Audiencia Nacional en un auto dictado este lunes en el que transforma las diligencias previas en sumario ya que la pena que podrían conllevar los delitos que se investigan -revelación de secreto (castigado hasta con 3 años de cárcel) y colaboración con organización terrorista (penado hasta con 10 años de prisión)- superan el límite legal de 9 años establecido para que sea procedimiento abreviado.

El responsable de comunicación del PP, Esteban González Pons, ha dicho este viernes que la neutralidad de Interior está en entredicho desde que está al frente el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba" y ha relacionado el aviso previo de la detención del presidente de la Diputación de Alicante con el del caso Faisán.

Tras la orden del juez Ruz de identificar los teléfonos del Ministerio del Interior en el caso 'Faisán, uno de los usuarios que dió el 'chivatazo' a dos de los imputados en la causa es el secretario de Estado de este Departamento, Antonio Camacho.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha calificado este miércoles como "incidente" el presunto chivatazo policial que frustró una operación contra la trama de extorsión de Eta en 2006 y ha acusado al PP de recurrir a este caso en el Congreso para tapar que la lucha contra la banda terrorista "va mejor que nunca". En respuesta, el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro ha dicho a Rubalcaba que, con la decisión del juez de abrir nuevas diligencias, "ya no va a poder decir que todo es falso y que se trata de un insulto a la Policía".

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, solicitó este miércoles al PP que deje de "perjudicar a policías honestos" después de que el diputado popular Ignacio Gil Lázaro criticase en el Congreso de los Diputados el ascenso de dos agentes relacionados con el 'caso chivatazo' -el investigador y uno de los tres imputados- en el que se investiga la presunta delación policial que frustró una operación contra la trama de extorsión de Eta en plena tregua con los terroristas en mayo de 2006.