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La sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles ha vuelto a contar con un nuevo duelo parlamentario entre el vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a cuenta del supuesto chivatazo policial a ETA durante la tregua de 2006, conocido como "caso Faisán".

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha emitido este martes un comunicado en el que pide al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso chivatazo' Pablo Ruz, que cite a declarar a su compañero y el primer magistrado que investigó los hechos, Fernando Grande-Marlaska.

La Audiencia Nacional ha rechazado la petición de la Fiscalía y del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados en el "caso Faisán", de retirar la imputación por colaboración terrorista y mantener sólo la de revelación de secretos. Así lo ha acordado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal en un auto en el que rechaza el recurso de apelación de García Hidalgo contra la decisión del juez Pablo Ruz de convertir en sumario las diligencias previas de la causa que investiga el "chivatazo" con el que se alertó a ETA sobre una operación contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa).

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado al ex director general de la Policía Victor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros por el denominado caso del "chivatazo" a la banda terrorista Eta por los delitos de colaboración con organización terrorista, encubrimiento y revelación de secretos. El denominado chivatazo se produjo el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún e impidió el desarrollo de una operación policial contra el aparato de extorsión de Eta.

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se ha negado en el Congreso de los Diputados, a valorar la causa que investiga el chivatazo policial a miembros de la banda terrorista ETA y ha acusado al PP de "perder el más esencial sentido de la responsabilidad institucional" y de tratar de marcar a los jueces "el camino a seguir".

El magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada considera que acciones como el "chivatazo" con el que se alertó a Eta sobre una operación policial contra su red de extorsión en 2006 en el bar Faisán de Irún (Guipúzcoa), están "justificadas" dentro "de un proceso de negociación política". Así consta en el voto discrepante que ha emitido De Prada en el auto dictado por la sección segunda de la sala de lo penal en el que ha rechazado la petición de la Fiscalía y del ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, uno de los tres imputados en el "caso Faisán", de retirar su imputación por colaboración terrorista y mantener sólo la de revelación de secretos.