Fiscalia

Un Juzgado de Santiago ha admitido una querella de la Fiscalía contra el alcalde, el popular Gerardo Conde Roa, por no haber declarado a Hacienda 300.000 euros. Según publica hoy el diario El País, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, José Antonio Vázquez Taín, ha admitido una querella en la que se acusa al alcalde de haber defraudado esta cantidad en la venta, en 2010, de 61 viviendas desde su promotora inmobiliaria, Geslander Proyecto de Edificaciones SL. El citado diario apunta que como el presunto fraude excede los 120.000 euros que el Código Penal fija como límite para las sanciones administrativas, Hacienda demandó a la Fiscalía que iniciase la vía penal.

La Fiscalía pidió este jueves la pena de muerte en la horca para el expresidente egipcio Hosni Mubarak por su implicación en la muerte de manifestantes en las protestas que acabaron con su renuncia.

La petición de la pena capital formulada por el Ministerio Público incluye también al exministro del Interior Habib al Adli y a seis de sus ayudantes.

La familia Ruiz-Mateos no gana para disgustos. A los múltiples procesos abiertos en su coentra se suma, desde este jueves, un embargo provisional por valor de 7,9 millones de euros ordenado por el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid ante el peligro de que desaparezcan bienes pertenecientes al clan.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha decidido abstenerse y no intervenir en la investigación de la "operación Campeón" después de que la juez de Lugo que instruye el caso haya apreciado indicios de delito en la actuación del ministro de Fomento, José Blanco.

El secretario general del Sindicato Unificado de Policía pide al Gobierno que inste a la Fiscalía a ilegalizar a Bildu debido "a las pruebas suficientes" que hay sobre su relación con la banda terrorista Eta. Bildu invitó el miércoles a familiares de presos de Eta al balcón del ayuntamiento de Vitoria para presenciar el inicio de las fiestas, aunque ha manifestado que no politizará el acto.

El Ministerio Fiscal ha presentado en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cádiz por el caso de la 'Operación Karlos' su petición de penas definitivas. Así, ha solicitado para el inspector médico Francisco Casto un total de nueve años de prisión, para Carlos Carretero, cuatro años de prisión y para María José Campanario y su madre, Remedios Torres, dos años y nueve meses de prisión para cada una.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado que los hechos que declaró probados el sumario del 11M son incontestables, que ni la Fiscalía ni nadie va a reabrir el caso, y que lo que se ha abierto es una preinvestigación para confirmar la existencia de restos ferroviarios. De esta forma se refería Torres-Dulce en declaraciones a los medios de comunicación a la investigación abierta por la Fiscalía de Madrid para averiguar si procede investigar los restos, su custodia y clarificar si existe ya algún procedimiento abierto.

La Fiscalía Anticorrupción basa la imputación de malversación a Iñaki Urdangarin en el hecho de que, como presidente del Instituto Nóos, entidad supuestamente sin ánimo de lucro, encargó trabajos a sociedades de su propiedad, con lo que "se subcontrata a sí mismo". Así lo asegura la Fiscalía en un informe fechado el pasado 2 de noviembre.

La recusación de Baltasar Garzón contra cinco de los siete magistrados que deben juzgarle por intervenir las comunicaciones en prisión de los imputados del caso Gürtel podría ser admitida después de que así lo solicitara la Fiscalía al Tribunal Supremo. Según el juez y, ahora, el fiscal, no está asegurada la imparcialidad de los magistrados, por haber participado en la instrucción del caso.

La Memoria de Actividades de 2010 de la Fiscalía General del Estado establece que ETA mantiene su estructura organizativa militar, logística y política "intacta" y sigue contando con comandos en territorio español y francés que podrían actuar "en cualquier momento" si la estrategia que actualmente están siguiendo "no surte los efectos deseados". Según estas valoraciones, el alto el fuego decretado en enero de 2010 es un "paso insuficiente" puesto que "la maquinaria" de la banda terrorista sigue estando "perfectamente engrasada".

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado este viernes que en la actualidad se están investigando en España un total de 849 casos de 'niños robados' y ha reconocido la existencia de "tramas" en "algunos lugares concretos".

La Guardia Civil ha entregado al Tribunal Constitucional, junto con las alegaciones que han presentado al recurso de Bildu, el acta de una reunión de cuatro horas entre EA y ETA en el año 2009.