El primer ministro británico lucha por implantar un norma tradicionalmente rechazada. "Endurecerá la lucha contra el trabajo ilegal y ofrecerá a los ciudadanos ventajas al demostrar su identidad", ha asegurado.
Sólo podrían cobrarlo los que hayan cotizado y tengan permiso de residencia. Para "expulsar a los que vengan a delinquir y garantizar la integración de quien viene a sumar".
