ley de costas

Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias son las comunidades autónomas españolas que más rápido han destruido su costa durante los años del "boom inmobiliario", según datos del informe de costas de Greenpeace.

El Tribunal Supremo ha negado a la empresa promotora del hotel de El Algarrobico una indemnización en caso de derribo al considerar que el Estado no tiene responsabilidad patrimonial, confirmando que la "incuria" de la Administración es "independiente" al deber de la empresa de adaptar el proyecto a la Ley de Costas.

Ecologistas en Acción, WWF y Seo/Bird Life han coincidido en criticar la ampliación de las concesiones a 75 años que propone el anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado hoy en Consejo de Ministros, y han destacado el enorme daño al medio ambiente que esto supondrá.

Veintidós años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 -que tuvo efecto retroactivo- más de 400.000 familias continúan pagando impuestos e hipotecas para propiedades que, según el Estado, ya no les pertenecen por el deslinde efectuado, y muchas otras familias ven cómo se hunden sus viviendas, sin posibilidad de poder arreglarlas. Además, los vecinos denuncian la "arbitrariedad" del Gobierno a la hora de establecer las zonas afectadas que, en muchos casos, no afecta a complejos hoteleros o de ocio. La semana pasada, la Aeplc acudió al Parlamento Europeo para denunciar su situación.

Greenpeace ha llegado a lo alto del Congreso pese a encontrarse estos últimos meses especialmente rodeado de agentes. Los activistas han protestado contra la Ley de Costas de Miguel Arias Cañete.

Las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife y WWF han mostrado su malestar con la nueva Ley de Costas aprobada por el Consejo de Ministros este viernes por considerar que no tiene en cuenta el cambio climático y que hará un enorme daño al medio ambiente.

El anteproyecto de la Ley de Costas, aprobado este viernes en el Consejo de ministros, amplía las concesiones de las propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre a 75 años y además permite la compra venta.

Miguel Arias Cañete se ha comprometido a no introducir "desmanes urbanísticos" en la nueva ley de costas. Los objetivos de esta norma, ha dicho ante el Pleno del Congreso en sesión de control, son mejorar la seguridad en el litoral español y hacer compatibles la protección medioambiental con una "actividad económica generadora de empleo y sostenible".

El informe Auken del Parlamento europeo ha venido a sumarse recientemente a las quejas de los damnificados por la aplicación de la Ley de Costas en España. En contra de lo que establece la Constitución, denuncian que se está aplicando con carácter retroactivo un texto de 1988 y se está vulnerando el derecho a la propiedad privada sin una justificación contundente.