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costas

según greenpeace

Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Canarias son las comunidades autónomas españolas que más rápido han destruido su costa durante los años del "boom inmobiliario", según datos del informe de costas de Greenpeace.

dos activistas llegan al tejado

Greenpeace ha llegado a lo alto del Congreso pese a encontrarse estos últimos meses especialmente rodeado de agentes. Los activistas han protestado contra la Ley de Costas de Miguel Arias Cañete.

aprobada en el consejo de ministros

sesión de control al Gobierno

Miguel Arias Cañete se ha comprometido a no introducir "desmanes urbanísticos" en la nueva ley de costas. Los objetivos de esta norma, ha dicho ante el Pleno del Congreso en sesión de control, son mejorar la seguridad en el litoral español y hacer compatibles la protección medioambiental con una "actividad económica generadora de empleo y sostenible".

informe de greenpeace

El informe "Destrucción a Toda Costa 2010", presentado este viernes por Greenpeace, pone de manifiesto que en España se destruye cada día una extensión de costa equivalente a ocho campos de fútbol.

a unos cinco kilómetros de la localidad de Vejer de la Frontera

Cerca de mil personas, según los convocantes, han rechazado hoy el "megaproyecto" hotelero que se podría comenzar a construir el próximo año en El Palmar, una playa casi virgen ubicada a unos cinco kilómetros de la localidad gaditana de Vejer de la Frontera.

exigua mayoría parlamentaria

Costas Karamanlis ha anunciado este miércoles la convocatoria de elecciones generales anticipadas en Grecia. El primer ministro griego, que no ha ofrecido ninguna fecha, responde así a la mala situación política del país acentuada por la crisis económica y los incendios.

"un enorme daño al medio ambiente"

Las organizaciones ecologistas SEO/BirdLife y WWF han mostrado su malestar con la nueva Ley de Costas aprobada por el Consejo de Ministros este viernes por considerar que no tiene en cuenta el cambio climático y que hará un enorme daño al medio ambiente.

Sáenz de Santamaría, sobre Pedraz: “El Gobierno respeta las resoluciones judiciales”

El auto del juez Pedraz ha centrado la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Sin embargo, poco se ha dicho sobre él. “El Gobierno respeta los procedimientos y las resoluciones”, ha dicho Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha defendido a las Fuerzas de Seguridad del Estado en su labor de protección de la “sede de la soberanía popular”. Sobre el rescate, sin novedad: “No es cuestión de tiempo, es cuestión de concreción”, ha aportado la vicepresidenta.

"BANDERAS NEGRAS 2011"

Ecologistas en Acción ha presentado este martes el informe "Banderas Negras 2011", en el que se desprende que estas tres playas de Barcelona, Murcia y Andalucía son las más degradadas de España.

BP no ha podido sellar la fuga del vertido

Las autoridades mexicanas han encontrado en una playa del estado de Tamaulipas (noreste), situado en el litoral de la costa del golfo de México, restos de crudo en estado sólido, tras lo cual se ha abierto una investigación para ver si proceden del vertido de BP, que ha causado una auténtica catástrofe ecológica en la costa medidional de Estados Unidos.

los afectados, en el parlamento europeo

Veintidós años después de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988 -que tuvo efecto retroactivo- más de 400.000 familias continúan pagando impuestos e hipotecas para propiedades que, según el Estado, ya no les pertenecen por el deslinde efectuado, y muchas otras familias ven cómo se hunden sus viviendas, sin posibilidad de poder arreglarlas. Además, los vecinos denuncian la "arbitrariedad" del Gobierno a la hora de establecer las zonas afectadas que, en muchos casos, no afecta a complejos hoteleros o de ocio. La semana pasada, la Aeplc acudió al Parlamento Europeo para denunciar su situación.

Miles de ciudadanos europeos se han visto perjudicados por la norma española

El informe Auken del Parlamento europeo ha venido a sumarse recientemente a las quejas de los damnificados por la aplicación de la Ley de Costas en España. En contra de lo que establece la Constitución, denuncian que se está aplicando con carácter retroactivo un texto de 1988 y se está vulnerando el derecho a la propiedad privada sin una justificación contundente.