ninos robados

Sor María se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez en la causa en la que se investiga a la monja por el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina de Madrid en marzo de 1982.

El calvario de Marcela y Felipe Herrera de Noble, hijos adoptivos de una de las dueñas del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, no termina. Pese a que un examen genético corroboró que estos hermanos no pertenece al grupo de "niños robados" durante la última dictadura argentina, el Gobierno de Cristina Fernández continúa sosteniendo esta teoría, por lo que se niega a pasar carpetazo al caso hasta determinar su verdadera identidad.

Las asociaciones de "niños robados" entre las décadas de los cuarenta y los noventa han reclamado hoy en el Congreso de los Diputados poder acceder a información amparada por la Ley de Protección de Datos con el fin de que las víctimas puedan averiguar quiénes son sus padres o hijos biológicos.

Los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, directora del diario bonaerense Clarín, se sometieron este martes a un examen genético ordenado por la Justicia a raíz de una demanda de familias que sospechan que se trata de niños robados a sus padres desaparecidos durante la dictadura argentina.

La Comunitat alicantina ha comenzado este martes las labores de exhumación en el cementerio municipal en respuesta a las denuncias de casos de supuestos bebés robados entre 1960 y 1980. En la primera de las cinco fosas comunes que se tiene previsto desenterrar, se han hallado restos óseos de un neonato. En un plazo de un mes, las pruebas de ADN determinarán si esos restos pertenecen a la hermana melliza de una de las denunciantes, María José Picó, nacida el 28 de marzo de 1972 en el Hospital General de Alicante.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha afirmado este viernes que en la actualidad se están investigando en España un total de 849 casos de 'niños robados' y ha reconocido la existencia de "tramas" en "algunos lugares concretos".

La Fiscalía ha rechazado abrir una causa general para investigar los casos de 'niños robados' y ha instado a los demandantes a presentar una denuncia individualizada ante los órganos judiciales de los lugares en los que supuestamente se produjeron los delitos.