El Gobierno acelera las reformas de la sedición y la malversación para llegar a 2023 sin cuentas pendientes con el separatismo y centrado en las elecciones.
El partido secesionista busca revertir la reforma de la malversación de 2015 aprobada por el PP y que endureció las penas al desvío de fondos públicos cuando no hay enriquecimiento personal.
Pedro Sánchez, Margarita Robles, la embajada de Ucrania, la base aérea de Torrejón y una empresa de armamento en Zaragoza completan el listado de receptores.