Sindicatos

CEOE y sindicatos han discutido durante cuatro meses estos puntos del convenio, sin éxito. Ahora el Gobierno habrá de aprobar un texto el viernes y ha tomado partido en algunas cuestiones espinosas.

CCOO y UGT advirtieron este jueves al Gobierno de que no se sienten ni vinculados ni comprometidos con su propuesta de reforma de la negociación colectiva, y le aseguraron que "se equivoca" si busca "un ejercicio de equilibrio y funambulismo" porque corre el peligro de no contentar a ninguna de las partes. "Este no es el proyecto que corresponde al principio de acuerdo que se alcanzó con la patronal", aseguró en rueda de prensa el secretario de acción sindical de UGT, Toni Ferrer, junto al de CCOO, Ramón Górriz, tras mantener una reunión de dos horas con el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para discutir el borrador del decreto que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha manifestado que el borrador que les ha entregado el Ministerio de Trabajo, Valeriano Gómez, para aprobar por decreto ley la reforma de la negociación colectiva "no resuelve los problemas del día a día en las empresas". No obstante, Rosell se mostró confiado en que se introduzcan cambios antes de que se apruebe la norma.

El Gobierno esperaba que sindicatos y patronal llegasen a un acuerdo sobre la negociación colectiva, pero ha fracasado. Ahora la responsabilidad es suya y habrá de aprobar un texto el viernes que viene, con la UE y el FMI expectantes.

CEOE ha remitido este jueves un nuevo paquete de propuestas para la reforma de la negociación colectiva a los sindicatos, con lo que los agentes sociales podrían reunirse esta misma tarde para debatirlas, ya que la negociación se está produciendo contra reloj. El Gobierno ha amenazado con legislar unilateralmente si no hay acuerdo antes del próximo 10 de junio.

PP y PNV han pedido este jueves en sus enmiendas al proyecto de Ley de la reforma de las pensiones suprimir el retraso de la jubilación a los 67 años y mantener la edad legal en los 65.

"Yo no me siento comprometido con esta propuesta de reforma, si bien he de reconocer que el estropicio mayor que podía proceder de la pérdida de vigencia del convenio, lo que se ha llamado la ultraactividad, no aparece en el texto y por lo tanto, creo que da pie para poder hablar". De esta forma se ha expresado l secretario general de CC.OO., Ignacio Fernández Toxo, ante la propuesta del Gobierno sobre la negociación colectiva, de la que dice no "resolverá los problemas".

El Ministerio de Trabajo mantiene en su propuesta de reforma de la negociación colectiva que ante la falta de acuerdo para renovar un convenio expirado éste prorrogue y da un plazo máximo de 20 meses para negociarlo ante la falta de acuerdo. Así lo recoge el borrador que ha enviado a los agentes sociales y que se aprobará en el Consejo de Ministros este viernes.

El Consejo de ministros estudia este viernes la reforma de la negociación colectiva tras fracasar ayer definitivamente el diálogo que mantenían sindicatos y patronal, una ruptura que llevará al Gobierno a aprobar el 10 de junio su propio texto. Según han informado fuentes del Ejecutivo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y los ministros analizan un informe sobre la evolución el diálogo social y la reforma de la negociación colectiva, un proyecto en el que quieren incluir los puntos en los que más se han acercado los agentes sociales durante los meses de negociaciones.

Patronal y sindicatos han dado por rotas las negociaciones sobre la reforma de la negociación colectiva este jueves tras cuatro meses de conversaciones, con lo que el Gobierno legislará de forma unilateral sobre el asunto. La ruptura se produce después de que los empresarios hayan remitido una nueva propuesta esta mañana. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha tachado de "muy prudentes" a los sindicatos y éstos han culpado la organización empresarial de tener "miedo escénico" al acuerdo.

No ha sido el recorte salarial el que ha sacado a la calle a los funcionarios andaluces, las protestas masivas en esta región derivan directamente de la Ley de reordenación del sector público, más conocida como “ley del enchufismo”. Una norma con la que la Junta de Andalucía pretende convertir en funcionarios a cerca de 40.000 personas a dedo, provenientes de fundaciones, agencias y empresas públicas, todas con vinculación directa con el PSOE. La lucha contra el “funcionariazo” lleva abierta ya casi un año.