SUPREMO

La Sala del 61 del Tribunal Supremo ha notificado a las partes personadas en las demandas contra Sortu -la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la propia formación abertzale- el auto por el que se prohíbe su inscripción en el registro de partidos, al entender que pretende suceder a la ilegalizada Batasuna. El auto cuenta con un voto particular conjunto de siete magistrados que consideran una "hipótesis plausible" el apartamiento de Eta por parte de Sortu y que la banda terrorista haya asumido los "nuevos criterios políticos".

La nueva marca abertzale acusa al Tribunal Supremo de basar su sentencia en criterios políticos y no jurídicos ya que, según dicen, el partido cumple todos los requerimientos legales para presentarse a las elecciones de mayo. Además, Sortu ha criticado al Gobierno por "cerrar las puertas a la ilusión de Euskal Herria", y anuncia que, una vez evaluada la sentencia, dará a conocer las medidas que adoptará en consecuencia.

La Abogacía General del Estado cree que el último comunicado de Sortu rechazando el plan de ETA de atentar contra el lehendakari no aporta nada distinto y no influirá en la decisión del Supremo sobre su inscripción.

La medida del Gobierno para la limitación de la velocidad a 110 km/h ya está teniendo sus primeras consecuencias. En este caso jurídicas, pues la empresa de gestión de multas Dvuelta y la plataforma Movimiento140 han presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto del Ejecutivo para ahorrar combustible.

José Castro, el titular del juzgado de instrucción número 3, encargado del caso Palma Arena, ha decretado una fianza de responsabilidad civil de 1,6 millones de euros para el ex presidente del Gobierno balear, Jaume Matas.

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso contencioso-administrativo presentado por la Generalitat de Cataluña para que el conocimiento de la lengua cooficial de una comunidad autónoma sea un mérito "determinante" en el nombramiento de miembros sustitutos del Ministerio Fiscal.

La localidad navarra de Estella acoge este sábado la presentación pública de la nueva "propuesta electoral" que ultiman para Navarra EA y el grupo de ciudadanos impulsores del documento Herritarron Garaia, que pretende aglutinar a fuerzas "progresistas, de izquierdas y abertzales sin vetos ni exclusiones".

El juez Baltasar Garzón ha presentado una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en el que cuestiona el procedimiento que se sigue contra él en el Tribunal Supremo (TS) por supuesto delito de prevaricación por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo.

Casi doce horas después de que el Tribunal Supremo comenzara a deliberar sobre la ilegalización de Sortu de cara a impedir que acuda a las urnas en las próximas elecciones, la Sala ha anunciado que ha acordado prohibir su inscripción como partido político. Los demandantes, la Abogacía del Estado y la Fiscalía, habían denunciado que Sortu mantiene vínculos con Eta y que el rechazo de la violencia en sus estatutos es "insuficiente".

La denominada Sala del 61 del Tribunal Supremo, la competente para aplicar la Ley de Partidos Políticos, se ha reunido este martes para estudiar la demanda que la Fiscalía ha interpuesto este lunes contra la inscripción de Sortu en el registro del Ministerio del Interior. En la sesión de este martes ha admitido esta demanda, al igual que hizo el pasado jueves en relación con el escrito en el mismo sentido que había presentado la Abogacía del Estado.

El juez Baltasar Garzón vuelve a declarar este lunes, esta vez a petición propia, ante Alberto Jorge Barreiro, magistrado instructor del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra él por ordenar las escuchas a los imputados en el "caso Gürtel" en prisión y sus abogados. Garzón ya compareció sobre este asunto en calidad de imputado ante Jorge Barreiro el pasado 10 de mayo y negó haber prevaricado o vulnerado la intimidad de varios de los procesados en dicho caso al ordenar intervenir dichas comunicaciones.

El Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, ha presentado ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo su demanda contra la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos, al entender que esta formación es sucesora de la ilegalizada Batasuna.

La Fiscalía General del Estado ha anunciado este viernes que ha tomado la decisión de presentar una demanda ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo para instar la no inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos "tras realizar un análisis jurídico de la documentación remitida por el Ministerio del Interior". Según una nota difundida por el Ministerio Público, la demanda se interpondrá empleando la vía del incidente de ejecución de sentencia, al considerar que Sortu "es una continuación de Batasuna" que fue ilegalizada por el Tribunal Supremo en 2003.