SUPREMO

El Gobierno, por real decreto, traspasaba las competencias de tráfico de el Cuerpo Armado a la Comunidad de Navarra, una aspiración histórica de los abertzales.

El Alto Tribunal señala que los retornos deben ajustarse a la legislación española y sus garantías.

Sustituye en el cargo a Magdalena Valerio, cuyo nombramiento fue anulado por el Supremo al considerarlo no idóneo.

Aprecia desviación de poder en la propuesta del fiscal general del Estado.

Los socialistas buscaban recuperar un escaño perdido a favor del PP en la Comunidad de Madrid.